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IVA, pobreza y posconflicto

Una política de transferencias a la población más pobre puede servir para acercar a estas comunidades al Estado.

Hernando Zuleta
POR:
Hernando Zuleta
septiembre 11 de 2018
2018-09-11 08:51 p.m.

El ministro Alberto Carrasquilla ha anunciado una nueva reforma tributaria que incluye gravar los bienes de la canasta básica con IVA y transferir a la población pobre parte del recaudo generado. Algunos analistas rechazan la eliminación de exenciones al IVA por ser este un impuesto regresivo. Otros argumentan que la implementación de la reforma es demasiado difícil y, por lo tanto, la consideran inviable. Finalmente, algunos discuten acerca de los detalles para ponerla en funcionamiento.

Aun no se conoce la propuesta completa, de manera que se debate con base en creencias o expectativas. En las siguientes líneas argumento que, dependiendo de cómo se implemente, la medida propuesta por el ministro Carrasquilla puede reducir la pobreza monetaria y ayudar a la implementación del Acuerdo de Paz.

Mediante Sentencia C-776/ 03, la Corte Constitucional determinó que gravar con IVA los bienes de la canasta familiar es inconstitucional, a menos que “existan políticas efectivas que compensen la afectación al mínimo vital de las personas que, debido a su condición económica, enfrentarían dificultades o se verían en imposibilidad de acceder a los mismos, a causa del mayor valor que deben pagar por ellos a causa del impuesto”. Dicho de otra forma, la reforma solo será aprobada por la Corte Constitucional si, en conjunto, no tiene efectos regresivos.

Dado que la canasta básica de los ricos suele ser más costosa que la de los pobres, aumentar el IVA para la canasta básica genera ingresos fiscales superiores a los costos que el aumento en este impuesto ocasiona para los más pobres. Así, el mayor recaudo permite compensar a los más pobres.

La devolución del IVA a la población pobre puede hacerse calculando el gasto en el que cada individuo incurre por concepto del IVA y devolver a cada individuo pobre esa cantidad exacta. Esto, evidentemente, sería un esfuerzo excesivo que no tendría efectos distributivos. Si, por el contrario, la propuesta del gobierno consiste en destinar un porcentaje del aumento en el recaudo a transferencias a la población pobre, no se requiere el cálculo de cuánto paga cada uno y puede haber un efecto redistributivo importante. Por supuesto, la magnitud del efecto redistributivo depende del porcentaje del aumento en el recaudo que se destine a transferencias monetarias.

De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, el costo fiscal por tratamientos diferenciales en el IVA era de 65,6 billones de pesos en el 2017. Si el 22 por ciento de esta suma se transfiere a la población pobre en sumas iguales, cada individuo de menos ingresos puede recibir diariamente cerca de un dólar.

Por último, las tasas de pobreza son mayores en el sector rural, en zonas de cultivos de coca y regiones que han sido azotadas por el conflicto. Así, una política de transferencias a la población más pobre puede servir para acercar a estas comunidades al Estado, para bancarizar a la población menos favorecida y estimular la economía de zonas afectadas por el conflicto.

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