¿Cómo legalizar la cocaína?

Hernando Zuleta
POR:
Hernando Zuleta
febrero 02 de 2012
2012-02-02 02:15 a.m.

 

Varios economistas del mundo académico han llamado la atención acerca de la conveniencia de la legalización de las drogas recreativas. Robert Barro de la Universidad de Harvard, argumenta que la prohibición incrementa los precios y estimula la actividad criminal, pero no tiene efectos significativos sobre el consumo.

Adicionalmente, afirma que el costo de la prohibición en términos de la expansión de la población carcelaria y las tensiones entre Estados Unidos y otros países es inaceptable.

En la misma dirección Becker, Murphy y Grossman de la Universidad de Chicago y City University en Nueva York argumentan que los incrementos en precios terminan elevando la proporción de mano de de obra dedicada a negocios ilícitos.

En otros ámbitos, escritores, como Carlos Fuentes, expresidentes, como Zedillo y Gaviria, y políticos en ejercicio, como el presidente Santos, se han manifestado a favor de la despenalización.

El argumento básico es que la despenalización reduciría sensiblemente los costos de producción y distribución de manera que, dados los precios actuales, la oferta debería crecer considerablemente.

Este aumento en la oferta debe reflejarse en una caída sustancial del precio al consumidor. La mezcla de mayor competencia y menores precios al consumidor pueden desvanecer las ganancias y reducir los recursos destinados a las actividades criminales relacionadas con el negocio. Por otro lado, si el negocio es legal puede ser fuente de impuestos que financien campañas de prevención de la drogadicción y atención a drogadictos.

A pesar de lo anterior, la legalización trae consigo una serie de riesgos que deben considerarse. En primer lugar, este mercado tiene una estructura oligopólica con altísimas barreras de entrada.

En particular, los nuevos competidores deben contar con algo similar a un ejército privado. En estas circunstancias la legalización sería insuficiente para aumentar la competencia.

Así, la reducción de precios al consumidor sería menor y los aumentos en las utilidades de las firmas productoras y distribuidoras sería monumental.

Dado el carácter mafioso y el perfil violento de los productores y distribuidores que controlan el negocio, este escenario es claramente indeseable. Adicionalmente, quienes cultivan coca buscan, en general, maximizar sus utilidades sin tener en cuenta las externalidades negativas que dichos cultivos generan en el medio ambiente. En particular, es bien sabido que estos cultivos han invadido parte de los parques naturales del país.

Como siempre que se presentan fallas de mercado, si el Gobierno no interviene en esta industria el bienestar general se ve negativamente afectado. Una opción es la nacionalización del negocio: Una empresa pública que dependa del Gobierno Nacional se encargaría del cultivo, procesamiento y la distribución al interior del país.

Esta empresa debe garantizar que el mercado este plenamente abastecido y que no haya cultivos en los parques nacionales. Por supuesto, la tarea quedaría incompleta si en los países consumidores el Gobierno no se encarga de la distribución.

Hernando Zuleta

Economista

hernando.zuleta@gmail.com

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