Además de la ruptura de los principios de equidad e igualdad, uno de los mayores defectos de los beneficios tributarios que otorga el Estado a sectores particulares determinados, consiste en que tales prebendas fácilmente se deslizan hacia sectores o personas diferentes de los pretendidos beneficiarios. Estos riesgos son aún más evidentes en los países en desarrollo, dados los bajos niveles de tecnificación y eficiencia de sus administraciones tributarias, amén de otras debilidades que tienen que ver con los grados de cultura tributaria y la capacidad de los empresarios para influir en las decisiones legislativas. Por ello no resulta sorprendente ni casual que sea precisamente en los países de bajo desarrollo donde proliferan con mayor asiduidad las renuncias fiscales del Estado, aunque sólo sirvan para agravar su situación fiscal.
Cada nuevo sacrificio de los ingresos fiscales que decreta el Estado, demanda un enorme esfuerzo de la Administración Tributaria para vigilar el cumplimiento de las condiciones nominalmente establecidas; pero si tales medidas proliferan y sufren además frecuentes y continuas modificaciones -generalmente para extenderlas a más sectores, áreas geográficas o personas- el control es imposible, y el Estado termina cediendo mucho más de lo que tenía previsto, sin que aparezca por parte alguna la contraprestación en beneficios para el desarrollo económico y social del país, que justificaban el sacrificio fiscal.
Vienen al caso estas reflexiones a raíz de una reciente sentencia del Consejo de Estado, en la cual se revela un fraude abierto, relacionado con las exenciones de la llamada Ley del Río Páez. De esta Ley, una de las que mayores sacrificios ha costado al fisco nacional en los años recientes, y que pretendía redimir a los indígenas víctimas de la avalancha, se han venido beneficiando grandes empresas de todo el país, instaladas en la supuesta zona de influencia del desastre y en las goteras de Cali, además de unos cuantos gestores, avivatos y empresas fantasmas, pero nadie ha explicado cómo llegó el bienestar a las víctimas, quienes eran sus legítimos beneficiarios.
De acuerdo con los términos de las citadas normas, las empresas constituídas dentro de la zona de influencia -que cubre casi cincuenta municipios del Cauca y del Huila- están exoneradas del impuesto de renta durante un número determinado de años, pero además sus inversionistas podían descontar de sus impuestos todos los valores aportados a las nuevas empresas. Es decir, que en su momento el Estado no sólo dejaba de recibir impuestos por las utilidades generadas en las empresas, sino que contribuía con más de 35 por ciento de la inversión del particular, pero sin recibir dividendos.
Se refiere la sentencia aludida, a una sociedad que declaró haber invertido millonarias sumas en dos empresas supuestamente ubicadas en la zona del Río Páez y solicitó tales inversiones como descuentos del impuesto sobre la renta.
La Dian demostró no sólo que las multimillonarias inversiones en las nuevas sociedades fueron devueltas sin tardanza a los inversionistas a través de pretendidas ventas de equipos y de préstamos, sino que las supuestas sociedades no existían en los municipios donde los papeles indicaban que irían a funcionar.
En conclusión, un fraude evidente, utilizando sociedades de papel.
No deja de sorprender, sin embargo, que los defraudadores, a pesar de haber sido sorprendidos por la Dian, en un inocultable alarde de frescura hayan llevado el caso hasta el máximo tribunal de lo contencioso. Ante estos hechos, es inevitable preguntarse cuántos fraudes más se cometieron que no han sido detectados por las autoridades y cuántos más se cometerán, ahora que la zona del Páez se convierte en una zona franca. En buena hora la Dian descubrió la trampa y el Consejo de Estado la respaldó; además, las dos entidades han permitido identificar a algunos de los 'indios' beneficiados con la exención.
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