En el 2004 se inició el proceso de elaboración de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. La iniciativa apuntaba a que, mediante 17 estrategias fundamentales, se lograran mejoras sustanciales “… en materias como crecimiento económico, infraestructura física, capital humano, y desarrollo social y territorial, entre otras”. Se esperaba, entre otras ventajas evidentes, hacer frente a los retos de los TLC y celebrar con bombos y platillos el II Centenario de la Independencia en el 2019.
Mucho se ha insistido sobre la necesidad imperiosa de construir la infraestructura adecuada para superar o reducir, al menos, la enorme desventaja que representa transportar los productos hacia o desde los puertos a través de las montañas, pero, en la práctica, poco o nada se venía haciendo en los gobiernos anteriores. De acuerdo con la información de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, aun sin tener en cuenta las 4G, entre el 2010 y el 2017 los kilómetros de doble calzada en operación se incrementaron de 700 a 2.100; el número de pasajeros transportados por vía aérea creció de 20,1 a 59 millones; los muelles concesionados aumentaron de 36 a 59, y la red férrea creció en el 47 por ciento.
El BID confirma estas realizaciones cuando afirma que Colombia es uno de los países del área que más invierte en infraestructura como porcentaje del PIB, por encima de Brasil, Chile y México. Según cifras de la ANI, entre el 2011 al 2017 la inversión en autopistas 3-G y 4-G llegó a 28,3 billones de pesos, y en 2018 superará los 8 billones. El Proyecto Cartagena-Barranquilla está en 77 por ciento de ejecución, y Girardot-Honda-Puerto Salgar llega al 70 por ciento. No son simples estadísticas, son hechos palpables, por ejemplo, volando desde El Dorado a Cali o Barranquilla (aeropuertos que no se tocaban prácticamente desde su inauguración), a Medellín, Bucaramanga, Santa Marta, Quibdó o cualquier otro de los 51 aeropuertos intervenidos.
El programa 4G es verdaderamente ambicioso e incluye la intervención de 7.000 km de vías, más de 1.370 km de dobles calzadas, 140 túneles y 1.300 viaductos. Y lo más importante es que en la estructuración financiera participa de manera importante el sector privado y el país no va a quedar hipotecado con las vigencias futuras, como puede haber ocurrido en el pasado: las del próximo cuatrienio representan solo 2,4 por ciento del PIB del 2018, y en materia de transporte, el 1,7 por ciento.
En esta feria de las promesas mal llamada campaña electoral resulta más cómodo mirar hacia otro lado cuando se dice y se evidencia que en el país están pasando cosas buenas. Es una amnesia conveniente, porque, por lo general, particularmente en materia de infraestructura, cuando se inauguran las obras se pierde la memoria. Pero como es inevitable que se escriba la historia, y en especial la historia respaldada con obras materiales, tarde o temprano habrá que decir que nunca antes el país había tenido un avance tan importante en materia de infraestructura, así se ignore a sus creadores y ejecutores.
Prometer una reducción de impuestos a raja tabla, compensando los recursos con lugares comunes y buenas intenciones, es cuando menos irresponsable.