Horacio Ayala Vela

Un país estampillado

Horacio Ayala Vela
Opinión
POR:
Horacio Ayala Vela
agosto 06 de 2015
2015-08-06 03:12 a.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/24/56cdbebca4157.png

¿Cuántas estampillas hay en el país para cobrar impuestos? El informe de la Comisión de Expertos dice que son cerca de 60, pero no es fácil precisar su número, porque estas antigüedades, que se creían extinguidas con el papel sellado y el impuesto de timbre, reviven y se multiplican con facilidad, como si existiera total unanimidad en el Congreso para crearlas bajo cualquier pretexto.

Las estampillas forman parte de la viciosa costumbre de tratar de arreglar todos los problemas del país mediante la tributación, sin parar mientes en sus efectos nocivos sobre la competitividad, la simplicidad, la transparencia y las demás virtudes de un sistema tributario serio; la idea de tener un estatuto propio de una nación que quiere avanzar, se queda siempre en frases electorales. De forma reiterada se escuchan pronunciamientos sobre la necesidad urgente de estructurar un régimen tributario moderno, simple y organizado, que pueda ser comprendido y aplicado por los contribuyentes y la propia Dian. Sin embargo, en los últimos 20 años se han expedido 90 normas legales con efectos sobre los impuestos nacionales, además de los innumerables reglamentos, doctrinas y jurisprudencias.

Uno de los casos que más llama la atención tiene que ver con los tributos que se cobran sobre los contratos de obra pública. En 1997 se creó una contribución sobre el valor de los destinados a la construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales, equivalente al 5 por ciento del costo del contrato; la vigencia era de dos años, inicialmente. A través de varias leyes posteriores no solo se prorrogó sucesivamente la vigencia de la mencionada contribución, sino que se extendió su cobertura a todos los contratos de obra pública. De manera paralela, al final del 2013 se creó la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia, como contribución parafiscal por un término de 20 años. El hecho generador de esta cuota también está constituido por la celebración de contratos de obra pública por parte de las entidades del orden nacional, y su tarifa llega a 2 % del valor del respectivo contrato.

Es decir, que los contratos que celebren las entidades estatales llevan implícito un impuesto hasta del 7 % sobre el valor bruto de los mismos, suma que deben descontar de los pagos hechos a los contratistas. Como es natural, los contratantes incorporan este gravamen dentro del costo de sus ofertas –sería demasiado ingenuo pensar que están dispuestos a asumirlo–, lo cual significa, en términos simples, que el Estado está sobredimensionando el valor de sus contratos de obra pública con el único objetivo de establecer unas rentas de destinación específica, lo que no parece sensato, práctico, eficiente ni estadísticamente correcto. El contratista factura al Estado el 107% del valor de la obra para recuperar las contribuciones que le cobran con ese apelativo, pero que constituyen simplemente mayores valores de los contratos.

¿Justifica este juego el costo administrativo que representa para las entidades estatales el proceso de retenciones y pagos de estas contribuciones? Algo similar ocurre cuando se cobran impuestos como los de renta y patrimonio a las entidades públicas.

Horacio Ayala Vela

Consultor privado

horacio.ayalav@outlook.com

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado