Horacio Ayala Vela

Paraísos premiados

Horacio Ayala Vela
Opinión
POR:
Horacio Ayala Vela
marzo 02 de 2015
2015-03-02 01:49 a.m.
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La reciente reforma tributaria incrementó las tarifas del impuesto sobre la renta para todas las sociedades; sin embargo, algunos vacíos en los textos generan dudas a los contribuyentes y, contra toda lógica, pueden terminar premiando a los paraísos fiscales.

La Ley 1739 de 2014 aumentó considerablemente las tarifas del impuesto sobre la renta para las sociedades nacionales a través de la sobretasa al Cree; para hacer lo propio con los impuestos a cargo de las sociedades extranjeras sin sucursales ni establecimientos en Colombia, la misma ley les fijó tarifas de 39 %, 40 %, 42 % y 43 % para los años gravables del 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Estos porcentajes equivalen al acumulado del impuesto a las ganancias que deben sufragar las sociedades constituidas en Colombia, sumando la tarifa básica de renta, el Cree y la sobretasa del Cree.

Sin embargo, las sociedades extranjeras que no tienen establecimientos en Colombia, pero que devengan rentas gravables en este país, no presentan declaraciones de renta; pagan sus impuestos a través de las retenciones en la fuente. Los porcentajes de tales retenciones, que están plasmados en el Estatuto Tributario, no fueron modificados en la reciente reforma; tampoco se estableció en la ley una remisión general a la tarifa vigente, para cubrir todos los eventuales casos, como venía ocurriendo en el pasado. Como resultado de estas imprevisiones se presenta una divergencia entre las tarifas del impuesto señaladas por la Ley 1739 y las tarifas de las retenciones previstas en el Estatuto Tributario, que como regla general parten del 33%. El Gobierno tiene facultades para señalar las tarifas de retenciones para los contribuyentes no obligados a presentar declaraciones de renta, pero solo hasta por los límites establecidos en la ley, porque la retención equivale al impuesto final. 

Dos meses después de expedida la reforma, no se han dictado los correspondientes decretos fijando las retenciones, a pesar de que resultan indispensables, porque no parece sensato dejar al criterio de los retenedores la decisión sobre las tarifas aplicables.

El asunto es aún más complejo en el caso de los pagos a beneficiarios ubicados en paraísos fiscales. Desde el 2003 la ley señaló una tarifa especial para estos casos (que es de 33 % a partir del 2008), pero solo empezó a aplicarse once años después, cuando finalmente se publicó la lista de los paraísos fiscales. Aquí se trata de una tarifa especial para los pagos o abonos en cuenta a favor de beneficiarios que sean residentes, o que se encuentren localizados, constituidos o funcionen en paraísos fiscales catalogados como tales por el gobierno colombiano. En tal virtud, debe interpretarse que cualquier modificación a las tarifas de retención debe provenir de la ley, no del criterio que tenga cada persona que realice los respectivos pagos o abonos en cuenta. De manera que, mientras no se establezca lo contrario, los pagos a beneficiarios de paraísos fiscales resultan premiados con retenciones en la fuente inferiores a las que se cobran a los residentes y domiciliados en otros estados o territorios. Una gran paradoja, y otro palo en la rueda de la seguridad jurídica.

Horacio Ayala Vela

Consultor privado

horacio.ayalav@outlook.com

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