El último intento para pasar una verdadera reforma tributaria fracasó desde su nacimiento en el 2006, cuando el ministro Alberto Carrasquilla presentó un proyecto ambicioso, pero algunos de sus colegas y hasta su propio jefe lo desbarataron; terminó convertido en un remiendo más. Las reformas del 2010 y el 2012 también fueron tímidas, a pesar de que todos los analistas le apuntaban a incrementos necesarios de los recaudos, aprovechando los buenos vientos políticos.
Sin duda, taparon algunos de los enormes agujeros abiertos poco antes con el pretexto de la confianza inversionista, pero también hubo inequidades, además de que contaminaron, confundieron y enmarañaron aún más el mal llamado Estatuto Tributario.
La más reciente se lleva las palmas en estos aspectos, pues cuanto más se lee menos, se entiende; además, introdujo un claro sesgo en contra de las rentas de trabajo, que es más evidente a medida que se presentan las declaraciones de renta. Pareciera existir una obsesión por la supuesta evasión de las rentas de trabajo comparándonos con la Ocde; se olvida que la capacidad contributiva de los trabajadores es mínima, en un país donde más del 55% gana menos de un salario mínimo. Absurdo y desigual resulta el tratamiento a los profesionales independientes, a quienes, a través del Iman, se les cobran impuestos sobre los pagos de arrendamientos, servicios, salarios y demás costos de su actividad, incluyendo los pagos a otros profesionales.
Por el contrario, se mantienen los privilegios para las rentas de capital, como aquellas obtenidas en ventas de acciones, o de lotes de engorde, que tienen un impuesto teórico de solo 10%, el cual, fácilmente, desaparece con los autoavalúos. A los profesionales y empleados se les grava el componente inflacionario de los intereses, no así a los rentistas de capital. La exoneración a los dividendos –con el pretexto de la doble tributación– no existe en los países con los cuales se nos compara, pero, además, la reciente reforma les otorgó un beneficio retroactivo, como un cheque al portador, para exonerar los dividendos de utilidades no gravadas a las sociedades en el 2011 y el 2012.
Lo que ahora se anuncia es más de lo mismo. Extender el cuatro por mil, que además de las preocupaciones de las instituciones financieras (cuyos clientes son quienes principalmente lo pagan) tiene otros grandes defectos, por ejemplo, que se cobra sobre los pagos de impuestos. Y se propone ‘remozar’ el manido impuesto al patrimonio, otro gravamen proporcional y no progresivo, que desestimula el ahorro y grava hasta los bienes improductivos, no así las acciones de los grandes capitales.
Resulta por lo menos paradójico que se proponga una amnistía para gravar los bienes de los colombianos en el exterior, mientras, gracias a una vieja norma que los excluye de la obligación de declarar, siguen exonerados de impuestos muchos bienes ubicados en Colombia, de propiedad de nacionales y extranjeros, la mayoría poseídos a través de paraísos fiscales. Debe ser parte de la respuesta al comentario oficial de que solo seis personas en Cartagena pagan el impuesto al patrimonio. ¿Tendrá la reforma algo de equidad?
Horacio Ayala Vela
Consultor privado
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