Iván Duque Márquez

Los dientes del conejo

Iván Duque Márquez
Opinión
POR:
Iván Duque Márquez
abril 13 de 2016
2016-04-13 09:51 p.m.
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Ya es un hecho que el gobierno hizo conejo con relación a la refrendación de los acuerdos con las Farc. La propuesta inicial de adelantar un referendo conforme a la Constitución y la ley, con un umbral del 25 por ciento del Censo Electoral y un voto informado desagregado en preguntas, fue cambiado por un plebiscito, en el cual un minúsculo 13 por ciento del Censo Electoral puede definir en una sola pregunta si acepta o no lo que se firme con el grupo armado ilegal.

La pelota está en estos momentos en la cancha de la Corte Constitucional. Si impera el criterio jurídico y técnico, el plebiscito debe ser declarado inconstitucional por su burda adecuación de la ley a un querer inmediato del gobernante, lo cual sería un pésimo precedente para nuestra democracia. No solo se cambian los umbrales, sino que se definen efectos vinculantes que modifican el propósito plebiscitario.

¿Si se cae el plebiscito, qué sigue? Es evidente que el gobierno se encuentra sin capital político para sacar adelante un proceso abierto en el cual la ciudadanía se pronuncie. Hay un rechazo generalizado a la gestión del gobierno, que lo aleja de cumplir su palabra retornando a la propuesta original de referendo. Así las cosas, ya se escuchan voces que sugieren mecanismos hechizos para sustituir el pronunciamiento popular por un instrumento discrecional que blinde los acuerdos con las Farc.

No hay duda de que sutilmente se está cocinado algo. El gobierno ya ha empezado a decir que nada obliga a que se adelante una refrendación popular de los acuerdos y que dicha oferta solo surgió como “un acto de nobleza del Presidente”, no como un mandato obligatorio.

Por otro lado, han encomendado a juristas para que compartan alternativas al plebiscito que satisfagan las preocupaciones del secretariado de las Farc con respecto a la sostenibilidad de sus eventuales beneficios jurídicos.

¿Cuáles son las opciones? Algunos proponen que un posible acuerdo con las Farc sea elevado al rango de un tratado entre altas partes contratantes e incorporado al bloque de Constitucionalidad. Quienes se aventuran por este mecanismo, desconcocen que este formato no previene acciones futuras de la Corte Penal Internacional, y, además, requiere la aprobación del Congreso.

También hablan de un tratado con los países garantes para que sean estos los que le den vida a la inviolabilidad de los acuerdos. Ese instrumento es absurdo, porque bajo ninguna modalidad un tercer Estado puede limitar la competencia en un país signatario de los principios del Estatuto de Roma.

La creatividad conejera ha llegado también a que se contemple una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU como opción. Tampoco puede ese órgano privar a la CPI o a la jurisdicción universal la aplicación de principios irrefutables, mucho más cuando tiene países miembros permanentes que no son signatarios.

Estamos en una coyuntura en la cual el conejo del gobierno a la ciudadanía ha salido mal. Valdría la pena que el gobierno y las Farc entiendan que la mejor sostenibilidad de un acuerdo empieza por no hacer conejo al derecho internacional, y que existan penas ejemplares y proporcionales para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.

Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@yahoo.com

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