Iván Duque Márquez
columnista

Sin límites

La paz es ausencia de violencia, y para que ella exista debe darse la aplicación efectiva de la justicia y el feliz entorno gobernado por el Estado.

Iván Duque Márquez
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Iván Duque Márquez
diciembre 14 de 2016
2016-12-14 06:52 p.m.
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¿Existen límites al derecho a la paz? Según la decisión de la Corte Constitucional, por el hecho de buscar el desarme, la desmovilización y la reinserción de 5 mil hombres armados, la Constitución y las instituciones pueden ser moldeadas al antojo de las pretensiones acordadas con la criminalidad.

Por cuenta de un Acuerdo, se creará un sistema de justicia con procedimientos, reglas, estructura administrativa e institucional por fuera de los ordenamientos constitucionales y legales. Esa justicia podrá aplicar a civiles, militares y guerrilleros unos parámetros valorativos, probatorios y operacionales que se desconocen y para los cuales las Farc tendrán presencia en una comisión paritaria con el gobierno para incidir en su desarrollo.

Por cuenta de un Acuerdo, habrá elegibilidad política inmediata para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y eludirán castigos proporcionales y ejemplarizantes desde el punto de vista punitivo por sus deleznables conductas.
Por cuenta de un Acuerdo, la Constitución podrá ser reformada en pocos días y se aprobarán leyes de manera expresa, sometiendo al Congreso a ser simple notario que asiente a las presiones del Ejecutivo.

Por cuenta de un Acuerdo, el Presidente tendrá facultades extraordinarias para promulgar decretos con fuerza de ley, sobre cualquier materia relacionada con la implementación de los acuerdos con las Farc.

Por cuenta de un Acuerdo, decenas de delitos serán amnistiables bajo la figura de haber servido para financiar, promover y ocultar la ‘rebelión’, creando un manto de impunidad que erosiona la confianza de los ciudadanos.

¿Cuánto vale, entonces, la paz? Ahí está el problema. La paz es la ausencia de violencia, y para que ella exista debe darse la aplicación efectiva de la justicia y el feliz entorno gobernado por el Estado de Derecho. Premiar al crimen destruye confianza, que a su vez muta en una frustración escalable a la violencia.

La paz no se alcanza con una medalla y un diploma. No se alcanza en un teatro ni menos en espectáculos mediáticos. La paz se labra con el rechazo contundente a quien pretenda por las armas, el terror y la intimidación, imponernos sus dogmas ideológicos o sus intereses. Invocar el derecho a la paz no está por encima del orden institucional, de una justicia proporcional, de los procedimientos normativos, de la independencia de las instituciones, de la democracia y del poder soberano de las mayorías populares.

Colombia hoy ha llegado al absurdo. Rechazamos la violencia, pero son las presiones de los violentos las que se utilizan en nombre de la ‘paz’ para justificar la adecuación de todas las reglas sociales y el desconocimiento de nuestros compromisos internacionales. Aceptar eso es justificar la violencia como mecanismo de presión al Estado y, por ende, relativizar la justicia, aceptando que los crímenes de unos con capacidad de intimidación gozarán de beneficios.

En medio de este mar de dolorosas inconsistencias, las cortes son el último bastión que le queda a un país donde las instituciones ven cada día amenazada su independencia. Ese bastión también se encuentra amenazado y sus decisiones, aunque se acaten, desilusionan.

Ante la trascendencia de los acontecimientos, la Corte Constitucional ha pasado por encima de la voluntad popular. Nuestra justicia requiere una reforma urgente que impida que las cortes se conviertan en cortesanos.

Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@yahoo.com

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