La discusión de las normas de una sociedad debería darse en un escenario en el cual todos puedan deliberar, y no a la premura y a la medida de la voluntad de un presidente.
La reforma tributaria, que debería generar más competitividad e inversión y que va a definir la ruta económica del país, fue debatida por las plenarias del Senado y la Cámara en un acto vergonzoso y en solo tres días de deliberaciones, con presión del gobierno.
Por cuenta de esa reforma, los colombianos van a empezar a pagar un IVA del 19 por ciento al vestuario, a los teléfonos inteligentes superiores a 650 mil pesos, al software y a los computadores de más de un millón y medio de pesos. Van a aumentar los costos del servicio de transporte por los mal llamados ‘impuestos verdes’ y va a subir considerablemente el gasto en productos de consumo familiar, dificultando el acceso a mejores condiciones de vida para los hogares más vulnerables.
La población trabajadora, la clase media y los de menores ingresos de este país, van a tener que abrocharse el cinturón para tapar el hueco fiscal que deja un gobierno que se ha dedicado a derrochar y que prometió no subirle más a los impuestos de los colombianos.
En el país del fast track, las normas y las decisiones judiciales son moldeadas según la prioridad del gobierno y sus intereses. En un auto, el Consejo de Estado pretendió anular el resultado del plebiscito en el que participaron más de doce millones de colombianos, y en el que la mayoría dijo ‘No’ al Acuerdo de Paz con las Farc. La Corte Constitucional permitió que se modificaran las normas a la medida del Presidente, le otorgó poderes especiales y aprobó el mecanismo de vía rápida en el Congreso para implementar los acuerdos, modificando la Constitución y la ley en pocos días.
En el país del fast track, muchos de los delitos cometidos por los peores criminales de la historia van a ser amnistiados sin que hasta hoy hayan respondido aún por el reclutamiento de menores, ni por las víctimas, ni por los delitos de lesa humanidad que cometieron en más de cuatro décadas de barbarie.
En el país del fast track, es el gobierno, el Presidente y su voluntad los que imponen el ritmo. Este 2016 pasará a la historia como el año en que todos los procedimientos y el orden constitucional se acomodaron a la intransigencia de un régimen que impone normas y manosea a las instituciones.
El deber de los colombianos hacia el futuro es recuperar la dignidad institucional, los procedimientos constitucionales, las reglas de juego, al igual que fortalecer la independencia de los poderes públicos. Colombia no puede seguir avanzando con instrumentos improvisados para moldear su futuro, ni mucho menos para pretender que todo está abierto al acomodo de unos pocos.
¿Quién gana en el país del fast track? Nadie. Todos salimos afectados porque la Constitución resulta pisoteada.
Iván Duque Márquez
Senador
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