La justicia es el más importante de los bienes públicos en la sociedad porque sin ella no se encuentran las palabras Libertad y Orden, contenidas en nuestro escudo. Entonces, debemos preguntarnos si tenemos verdadera justicia en nuestro país y ser capaces de identificar cuáles son los desafíos y las acciones que requerimos como sociedad para que se consolide el imperio de la ley.
Para empezar a entender la situación de la justicia en Colombia basta con reconocer que estamos, según algunos estudios internacionales, entre los tres países con mayor impunidad. Esa condición se encuentra validada por el hecho que la justicia es una institución desprestigiada y que la gran mayoría de ciudadanos no denuncia los delitos o conductas de los cuales son víctimas porque considera que no llegará a un final eficaz.
Tal vez contribuya a esta negativa percepción el hecho de que en la jurisdicción penal la gran mayoría de procesos son archivados o en ellos se extingue la acción judicial.
¿Dónde están las causas? Algunos dicen que el problema es de dinero, pero la evidencia muestra que nuestro gasto sectorial como porcentaje del PIB es similar al de muchos países desarrollados. Otros señalan que el problema está en la densidad de jueces, pero tenemos una relación de jueces por cada 100.000 habitantes similar a la de una nación como España.
Entonces ¿cuáles son las verdaderas causas? Para empezar, debemos entender que ningún sistema judicial es mejor que la calidad de los jueces. En Colombia la mayoría de jueces no proviene de las facultades con mejores puntajes en las pruebas Saber Pro y menos del 3% de los funcionarios cuenta con especialización, maestría o doctorado; para rematar, existen grandes brechas salariales entre los integrantes de la rama.
En términos de eficacia, la situación no es menos grave. La tutela consume cerca del 30% de la actividad judicial, desplazando prioridades y solvencia operacional en los juzgados. La infraestructura también deja mucho que desear, mucho más si consideramos que la digitalización integral es lejana a la gran mayoría de despachos. Además de todo esto, estamos lejos de contar con verdaderos sistemas alternativos de resolución de conflictos y las altas cortes se han caracterizado por los choques de trenes, la presión desde la política y la perdida acelerada de confianza por parte de la ciudadanía.
¿Cómo podemos actuar? Para empezar, debemos darle a la Rama Judicial una verdadera agenda de recursos humanos que permita reclutar talento con buenos sueldos de entrada, motivar la formación, brindar ascenso de méritos con arraigo y precedente judicial, además de hacer más exigencias para desempeñarse como juez. Tenemos que adelantar el expediente electrónico, la gerencia de los circuitos judiciales para promover la eficiencia y la evacuación, la regulación de la tutela para prevenir abusos, el fortalecimiento de las primeras y segundas instancias, la profundización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la consolidación de las altas cortes como instancias de unificación jurisprudencial.
Tenemos como país que entender que la justicia no puede seguir siendo la cenicienta de las políticas públicas o, como ha ocurrido en este gobierno, el carrusel de los ministros con 6 titulares de la cartera en menos de 5 años.
El reto de la justicia
Debemos darle a la Rama Judicial una verdadera agenda de recursos humanos que permita reclutar talento con buenos sueldos de entrada.
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