La famosa profesora Rosabeth Moss Kanter ha expresado que la confianza en los líderes parte de la consistencia, la congruencia, la competencia para liderar, y el interés genuino en la gente.
Estas características son importantes para examinar a los políticos cuando hablan de justicia social y justifican, en muchos casos, restricciones a las libertades individuales.
Por esa razón, y para entender la aplicación práctica del concepto de justicia social, vale la pena referirse al libro publicado por Michael J. Sandel, denominado Justicia: ¿hacemos lo que debemos?
Sandel, quien es uno de los más sobresalientes filósofos políticos de EE. UU., analiza el concepto de justicia a la luz de: el utilitarismo (brindar la felicidad al mayor número de ciudadanos); el libertarianismo (dejar que las libertades individuales y el mercado funcionen sin interferencias arbitrarias); el liberalismo político de Rawls (partir de un concepto de igualdad bajo un velo de ignorancia en los desenlaces futuros), y el colectivismo (que aboga por una armonía entre la libertad y el interés social).
Sus conclusiones radican en que el utilitarismo se basa en cálculos y no en principios y se degrada en un pragmatismo sin valores.
El libertarianismo ignora la necesidad de pensar en el entorno social del individuo y por lo tanto falla en el concepto de responsabilidad colectiva.
El camino ideal es contar con un concepto de igualdad liberal y al mismo tiempo encontrar un balance con la necesidad de resolver los problemas comunitarios.
Puestos estos argumentos en el debate del tráfico para una ciudad como Bogotá, encontramos varias cosas. El Pico y Placa restringe libertades de movilidad en aras de reducir la contaminación vehicular y mejorar el desplazamiento colectivo.
Sin embargo, el parque vehicular ha seguido en aumento, producto de la expansión del crédito, el aumento del ingreso per cápita y una mayor oferta de carros usados, haciendo la medida cada vez más inefectiva.
Frente al desgaste del Pico y Placa, el nuevo Alcalde electo ha expresado que desea desmontarlo imponiendo peajes urbanos para cobrar por acceder a las vías con más tráfico.
Al hacerlo ha empleado los ejemplos de Londres, Estocolmo y Singapur. La diferencia es que en estas ciudades el balance entre liberalismo y colectivismo se logra al haber construido primero metros, autopistas urbanas, carriles rápidos, sistemas integrados con buses de alta gama e incentivos a vehículos con múltiples pasajeros.
Gracias a esto, ante el cargo por congestión, los ciudadanos pueden elegir entre varias opciones eficientes de transporte.
Para lograr los objetivos en Bogotá, el valor de los peajes debe ser tal que desincentive la sacada del carro.
Esto implica que sólo quienes tengan mayor ingreso podrán transitar por la vía pública y al mismo tiempo pagar por contaminar.
Quienes no puedan hacerlo, deberán optar injustamente por alternativas ineficientes e inseguras, siendo el dinero el determinante de la libertad.
Curiosamente se trata de una inconsistencia y una incongruencia de un político que aboga por la justicia social.