En el mundo, los países han adoptado reglas fiscales con el objetivo de generar confianza, atraer inversión y garantizar estabilidad macroeconómica. Bajo esta premisa, la regla fiscal busca establecer disciplina y rigidez a los encargados de la política fiscal, a través del tiempo.
La Ley 1473 de 2011 le permitió al país implementar el uso de una regla fiscal para el Gobierno Nacional Central, con el fin de fortalecer la planeación macroeconómica y materializar objetivos puntuales de reducción del déficit fiscal estructural. Sin duda, este instrumento es un acierto destacable de nuestra política fiscal, pues envía un mensaje de confianza sobre el diseño y ejecución de la misma, al establecer una relación entre las decisiones de corto y mediano plazo que se deberán tomar en función del cumplimiento de la regla.
El balance estructural que supone la Regla corresponde a la diferencia entre el ingreso estructural y el gasto estructural, que, en términos generales, son los ingresos totales ajustados por los efectos de los ciclos económicos y energéticos y el gasto total realizado por el Gobierno Nacional Central. Con la aplicación de esta herramienta desde el 2012, el país pudo experimentar una reducción de la deuda y atenuar el déficit en las cuentas fiscales del Gobierno Central, el cual se ubicaría en -2,2 por ciento del PIB en el 2015 hasta llegar a -1 por ciento en el 2022.
Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Al observar de manera más minuciosa el comportamiento del Gobierno en materia de gasto público, se desvirtúa el ideal que plantea la norma. ¿De qué manera? A través de mecanismos alternativos, con el fin de hacerle un esguince a esta restricción fiscal y mantener el incremento desmedido del gasto. Para ello, se utilizó a Ecopetrol por medio de una política de repartición de dividendos que provocó un mayor endeudamiento de la compañía para que la Nación obtuviera tan solo entre el 2012 y el 2013 21,5 billones de pesos por este concepto.
Adicionalmente, la Regla Fiscal no tiene en cuenta dos elementos de fragilidad que pueden despertar la atención de las agencias internacionales de calificación de riesgo. En primer lugar, las denominadas vigencias futuras, que son un mecanismo de deuda a través del cual el Gobierno compromete recursos de vigencias posteriores, generando mayores inflexibilidades presupuestales. La importancia de incluir esta figura dentro de la Regla surge ante su significativo aumento, pues ya representa el 11 por ciento del PIB.
En segundo lugar, la comisión de expertos de la Regla Fiscal debe considerar la posibilidad de evaluar la fórmula para definir el precio del petróleo, dada su importancia dentro de la estimación del déficit estructural, pues sus proyecciones a la fecha se basan en un precio de mediano plazo de 78 dólares por barril, ante una coyuntura en la cual el petróleo se cotiza por debajo de los 40 dólares el barril.
De esta forma, la metodología para definir este precio (4-1-4), que tiene en cuenta el promedio de nueve periodos –cuatro hacia atrás y cuatro hacia adelante– debe ser revisada, dado que la trayectoria que en adelante seguirá el precio del crudo está alejada de la que registró en años anteriores. Con esta propuesta, se busca que las estimaciones bajo la cuales se proyecta el déficit a futuro, guarden consistencia con la nueva realidad.
La importancia de la Regla Fiscal, sin duda, hay que defenderla, pero si mantiene sus falencias viviremos con una regla llena de ilusiones.
