En los últimos días se ha generado un valioso debate sobre las condiciones de los empresarios colombianos para competir en una economía global. Una de las posturas asumidas por la Ministra de Comercio consiste en señalar que a nuestras empresas les hace falta innovar para competir. Por su parte, los empresarios señalan que su lucha es equiparable a una tortuosa carrera de obstáculos. ¿Quién tiene la razón?
La evidencia indica que los empresarios e industriales tienen que enfrentarse a un conjunto de adversidades significativas. La carga efectiva de tributación en Colombia es asfixiante, y duele ver compañías con una enorme capacidad instalada, con rentabilidades anuales que están por debajo de la rentabilidad de un TES. Los costos de energía en varios sectores son mucho más elevados que en países con los cuales competimos, en adición a los costos de logística, la presencia de un pernicioso aparato de contrabando técnico, largas horas destinadas a fiscalización regulatoria, entre otros.
Pero el asunto no termina ahí. La abrumadora inestabilidad jurídica también es un problema que carcome la capacidad de proyectar el futuro. Desde el año 2000, se han aprobado más de mil leyes en distintas temáticas, y entre el 2012 y el 2015 la cantidad de decretos, circulares y resoluciones, supera con creces la cifra anterior, evidenciando una especie de bloqueo legalista a las actividades económicas en el país.
Otro problema que se suma a la carrera de obstáculos tiene que ver con la inspección y vigilancia, y la sospecha permanente contra el empresario por parte del Estado. Algunos casos más patéticos se encuentran en el Invima y el Ministerio de Transporte, para lo cual se pueden mirar los ejemplos de los sectores farmacéutico nacional y el avícola.
Para un laboratorio con tradición en el país, que quiere abrir una nueva planta en aras de mejorar su productividad y soñar con la exportación a nuevos mercados, el calvario es monstruoso. Los pasos y trámites pueden durar cerca de 18 meses, los cuales incluyen la certificación de buenas prácticas de manufactura (BPM), que se prolonga de 4 a 7 meses, luego viene la fabricación de lotes piloto, después el registro sanitario, que se puede demorar un año y, además, debe renovarse cada 5 años. A esto hay que agregarle que cualquier modificación a dicho registro, el Invima exige nuevas pruebas de estabilidad que se tardan varios meses.
En el caso del sector avícola, la Resolución del Invima 2012018961 del 11 de julio de 2012 tiene serias inequidades en las tarifas de inspección en las plantas de sacrificio, que terminan incentivando la informalidad y, por lo tanto, afectando la competitividad. Además, la Resolución 3226 de mayo de 2012, emitida por el Ministerio de Transporte, le restringe la movilidad de carga en festivos y temporadas de vacaciones a un sector que transporta 30 millones de huevos diarios.
Nadie duda que nuestras empresas deben innovar, pero también el Estado debe resolver los obstáculos y el peregrinaje burocrático que impone como costo para competir. Sin hacer nada en este frente, seguiremos soñando con ilusiones competitivas.
Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@gmail.com