Iván Duque Márquez
columnista

‘Indignacción’

Transformar nuestra indignación en una acción social contra la corrupción, empieza por la formación de valores.

Iván Duque Márquez
Opinión
POR:
Iván Duque Márquez
enero 26 de 2017
2017-01-25 08:02 p.m.
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La corrupción en Colombia nos indigna a todos. Es un fenómeno que no es de izquierda, ni de derecha, que no tiene color político y que, desafortunadamente, expande sus putrefactas y pestilentes garras a todo nivel. La corrupción se manifiesta en quienes pecan por la paga y quienes pagan por pecar.

Según el experto Robert Klitgaard, la corrupción se puede expresar en esta ecuación: C=M+D-T, donde ‘M’ equivale a los monopolios de información, ‘D’ a la discrecionalidad y ‘T’ a la transparencia.

Dicho esto, la corrupción que consiste en el uso de funciones privadas y públicas con fines ilícitos se acelera cuando hay monopolios de información empleados de manera ilegal y cuando la discrecionalidad de los funcionarios se emplea fraudulentamente. Ante estos dos fenómenos, el aumento de la transparencia es el antídoto frente a estos lamentables hechos.

Nos duele que en Colombia la discrecionalidad contribuya a la preocupante proliferación de la contratación directa, a la sistémica práctica de únicos proponentes en la contratación de vías terciarias, en la asignación dudosa e influenciada por la politiquería de la alimentación escolar y en los abusos que se presentan en la asignación de recursos para ciencia y tecnología en el Presupuesto General de Regalías.

Los monopolios de información y la misma discrecionalidad están sirviendo de caldo de cultivo para que los planes de ordenamiento territorial sean manejados en muchos municipios favoreciendo contratistas, que a su vez son financiadores de campañas para el uso amañado del suelo en función de sus intereses.

La discrecionalidad de las autoridades ejecutivas para la estructuración de presupuestos convierte también el ejercicio de la política representativa en una plataforma transaccional, en la que recursos y favores se intercambian permitiendo la captura y la manipulación de conciencias.

Con respecto a estas cosas que nos indignan debemos estudiar acciones concretas. En cuanto al financiamiento de la política, es necesario pensar en listas cerradas con aportes estatales para cuerpos colegiados y sanciones carcelarias para candidatos que dolosamente violen los topes electorales o utilicen contabilidades ocultas.

Frente a empresas que permitan el soborno de funcionarios públicos para obtener beneficios en licitaciones, se deben aplicar sanciones patrimoniales severas, incluidas las que correspondan por violación al régimen de libre competencia. Adicionalmente, se debe levantar el velo corporativo e imponer castigos ejemplarizantes a las instancias directivas.

Enfrentar el fenómeno de los que pagan por pecar requiere la urgente reglamentación del cabildeo en el país para imponer fronteras en la relación del sector privado con el sector público, y para ello vale la pena conocer la experiencia de la Ley del Lobby aprobada en Chile.

Es urgente que existan herramientas de extinción de dominio a los bienes de los corruptos de manera expedita, y que no tengamos tolerancia alguna con estas prácticas oscuras.

Transformar nuestra indignación en una acción social contra la corrupción, empieza por la formación de valores y por aplicar verdaderas sanciones sociales a quienes se enriquecen en la función pública, como a los que pretenden, con el poder corruptor del dinero, ganar canonjías y beneficios. Dar esta batalla sin vacilaciones nos debe unir a todos los colombianos.

Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@yahoo.com

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