La ñapa es uno de los términos más representativos de los colombianismos que, a su vez, es una palabra castiza definida por la Real Academia de la Lengua como “añadidura que especialmente se da como propina o regalo”. Dicho eso, mientras el país se consume en discusiones profundas sobre la corrupción, el gobierno se encuentra sacando provecho del famoso proceso legislativo especial, denominado fast track, para hacer reformas institucionales sacadas del sombrero.
A estas reformas podríamos llamarlas las ñapas no contenidas en los acuerdos firmados con las Farc, pero que implican un nuevo acuerdo con la peligrosa Comisión Paritaria de Seguimiento e Implementación, que sirve de validador de las normas que se profieran en desarrollo de lo ‘pactado’.
¿Cuáles son las ñapas? Por un lado, está la idea de aumentar el periodo presidencial a cinco años. ¿Qué tiene que ver esa medida con las Farc? ¿Qué tiene que ver con los Acuerdos de La Habana? Absolutamente nada. Lo que ocurre es que un papayazo para reformar la Constitución en pocas semanas, con el pleno control del Palacio de Nariño, y con una votación asegurada, no se encuentra con facilidad y, por lo tanto, el gobierno abre una caja de Pandora para la creatividad institucional, sentando un precedente nefasto.
En la baraja adicional de ñapas se encuentra también la imposición de las listas cerradas, la eliminación de la Vicepresidencia e incluso se ha hablado de las circunscripciones electorales para el Senado. Permitir que el país entre en la discusión de su estructura institucional, tomando como excusa los acuerdos de desmovilización, desarme y reinserción de un grupo criminal, es convertirlos en arquitectos de la Constitución y utilizar unos acuerdos rechazados en las urnas como patente de corso para gobernar a su antojo.
No hay derecho a que se abuse de esa manera de la Constitución. Ya es suficiente con que un procedimiento legislativo especial, rechazado por el pueblo, haya sido revivido con la complaciente actitud de la justicia, cuando sustituía aspectos esenciales de nuestra Carta Política y fracturaba la esencia de la separación de poderes. Ahora, pretender que el fast track sea la resurrección de la fracasada reforma de equilibrio de poderes, es un ultraje de gran calado que evidencia la carencia de límites normativos en la interpretación de lo pactado con las Farc.
En las narices del pueblo colombiano y contra la voluntad soberana de las urnas, se procedió con un mecanismo en cual la Constitución se modifica, contrario a los principios de pluralidad e independencia en el debate, dotando al Presidente de un poder de veto que excede sus propios límites normativos. Ahora, pretenden, por cuenta de las ñapitas, crear la edificación del “gobierno de transición”.
Que el país debata sobre sus instituciones y delibere sobre las reformas necesarias, dentro de las reglas de juego, es natural a la democracia. Pero que la democracia sea sustituida por un procedimiento hechizo, contrario a los principios constitucionales, donde ‘la paz’ sea invocada como un comodín para “refundar la República” es algo que no podemos, ni debemos tolerar.
Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@yahoo.com
La ñapita
Que la democracia sea sustituida por un procedimiento hechizo es algo que no podemos, ni debemos tolerar.
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