Al parecer ya se hizo consenso en torno a la famosa puerta giratoria de los funcionarios públicos que van a las empresas privadas, y viceversa. La versión corriente dice que es infructuoso satanizar esas transferencias, que se nutren recíprocamente porque ambos sectores se favorecen de ello.
El ex canciller Bermúdez dice que no hay inconvenientes.
Pero, con independencia de sus beneficios, hay unos problemas latentes que hacen mella en esa costumbre.
Por un lado, el tiempo transcurrido entre la salida y el enganche en la empresa privada debe considerarse por dos años, tiempo que se supone suficiente para que el ejecutivo reclutado haya perdido la mayor parte de sus contactos anteriores.
Pero las conexiones de quien va del Gobierno a la empresa privada son tantas, que bien puede hablarse de un clientelismo empresarial, al parecer utilizando todos los vicios del clientelismo tradicional de nuestros partidos.
En EE. UU. las ‘estrellas’ del capitalismo se contratan por su talento y algo por sus amistades; pero predominan las condiciones intelectuales, experiencias de éxitos probados y habilidades e inteligencia emocional.
En cambio, cuando esas figuras llegan al Gobierno colombiano, no siempre son examinadas con criterios estrictos, puesto que dentro de nuestro sistema político aún la meritocracia ocupa un segundo lugar dentro del Estado.
Por ello, en ocasiones la empresa suele ‘prestar generosamente’ su ejecutivo al Gobierno sin decir que adentro cumplirá una condición de ‘doble agente’, es decir, espiando datos para sus patrones anteriores.
Tampoco hay mucha concordancia sobre las remuneraciones: si una figura notable de la empresa se desplaza al Gobierno, sabe que las recompensas monetarias deben sacrificarse en favor de la adquisición de experiencias connaturales con su profesión, que le permiten regresar más valorizado al mercado ejecutivo; o, que puede sacrificarse por la oportunidad que representa ascender en la escala política en busca de mayores dignidades.
No ocurre lo mismo cuando el traslado es hacia el sector privado, donde, por la ‘quijotada’ de estar en el Gobierno, deberá esperar a regresar muy bien premiado sólo por la información que se lleva en el bolsillo.
Pero las cosas tienen que cambiar, en especial en aquellas organizaciones públicas que venden sus acciones en el mercado bursátil: la mala contratación de una estrella en altos mandos de una empresa puede producir un cambio en el valor de las acciones y perturbar las condiciones de rentabilidad que se tengan. Un ejecutivo ‘estrella’ en una entidad oficial, con sus decisiones equivocadas puede hacer perder millones de pesos a los accionistas y afectar su patrimonio.
Esas contrataciones de alto nivel en el Estado en adelante deben ser públicas; los aspirantes a ocupar altas posiciones oficiales deben saber que sus hojas de vida pueden estar bajo el escrutinio ciudadano.
No en vano las certificaciones de los calificadores de riesgo y de la banca financiera están dadas precisamente por la competencia técnica de los ejecutivos que van a manejar los portafolios.