Jorge Coronel López

Decisiones públicas vs. controles públicos

Jorge Coronel López
POR:
Jorge Coronel López
enero 16 de 2014
2014-01-16 04:37 a.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/24/56cdbf7c40a6d.png

Parece ser obvio que las decisiones públicas deban ser objeto de un control por parte de un ente encargado para ello, pero también podría ser evidente que dichas decisiones carecieran de tal control, dado que han debido ser tomadas bajo la prevalencia del interés general sobre el particular y según una valoración de beneficio común, diálogo social y justicia distributiva.

Como esta utopía no aplica, el Estado ha debido idear –y todavía no ha culminado– unas instituciones y unos mecanismos para ejercer un control ‘efectivo’ sobre las decisiones y las intervenciones de los funcionarios públicos, pero no se puede olvidar que ejercer un control ‘efectivo’ sobre un ‘todo’ también es utópico, pues las acciones objeto de vigilancia desbordan la capacidad de respuesta y crean un espacio importante para que dichas instituciones tengan una ‘autonomía’ al ejercer dicho control.

Es claro que en el proceso de maduración de dichas instituciones se han establecido criterios, mecanismos y estrategias de acción que conducirían a unas auditorías, inspecciones y acciones de vigilancia que buscan abarcar el mayor espectro posible, pero también es evidente que estos procesos están cruzados por asuntos políticos, lo cual crea otro espacio para que los órganos de control investiguen, indaguen y consulten con cierto nivel de profundidad; en otras palabras, la profundidad de la investigación depende de la afinidad política entre los sujetos de control y el ente controlador.

Los hallazgos que usualmente se enlistan en las auditorías que ejercen dichos entes, en muchas ocasiones giran en torno a asuntos menores y son el resultado de su ‘objetividad’ investigativa, pero obviamente han dejado de lado aquellos casos –proyectos y programas públicos– de cuantías considerables, de intervenciones públicas confusas y en donde la afinidad política los tiene blindados.

Hace poco Medellín discutía el caso UNE-Millicom, al tiempo que Bogotá avanzaba en su modelo de recolección de basuras y el país se confundía con la venta de Isagen. El resto de ciudades capitales han visto cómo en veinte años se han perdido empresas públicas, como las compañías licoreras, las loterías, entre otras, pero no existe una evaluación que sirva como referencia para determinar si todo aquello ha sido producto de una prevalencia de un interés general sobre el particular y si ha resultado realmente beneficioso para todos.

Hacen falta estudios, investigaciones y evaluaciones desinteresadas políticamente, en donde los órganos de control con criterios apolíticos releven en blanco y negro la realidad de lo que ha sido la contratación y la intervención pública en el país. Mientras esto no exista y los órganos de control sigan vinculados con el calendario electoral, se seguirá investigando lo que ellos consideren.

Jorge Coronel L

Economista - Profesor, U. de Medellín jcoronel2003@yahoo.es

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado