El viejo e histórico fenómeno de la corrupción continúa siendo uno de los caballitos de batalla en la contienda electoral. Todos los candidatos habían dicho públicamente que se comprometían a combatirlo –como si no fuese obvio–, pero no todos anunciaron cómo lo harían; y esto sí marcaba una sustancial diferencia entre ellos. Además, el Congreso se encaminó hacia la aprobación de la consulta anticorrupción y hoy que ya quedaron solo dos candidaturas para la segunda vuelta, una está empañada de corrupción.
La Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria diagnosticó que buena parte de los problemas fiscales estaban en la evasión, la elusión y el contrabando. Sostuvo que la evasión en IVA eran dos puntos del PIB, en renta, 15 billones, por seguridad social según datos de la UGPP, 14 billones y que el contrabando representaba entre 6 y 7 billones de pesos; en suma, representa mucho más que una reforma tributaria. Además, la mora frente al Estado la estimaron en 4.25 billones.
También dejó entrever dicha Comisión el problema en la distribución del ingreso, pues al comparar el Gini antes y después de impuestos y transferencias demostró que no sufría cambios, lo cual indica que hay serios problemas en las políticas redistributivas. En este aspecto coincide con la Comisión del Gasto –que fue posterior y que en abril entregó su informe completo–, quién advierte que “el gasto público no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso entre los colombianos y Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Hay rubros de gasto público con impacto altamente regresivo sobre la distribución del ingreso, como es el caso del gasto en pensiones”.
Por su parte, Oxfam en su informe sobre desigualdad sostiene que las relaciones clientelares entre élites políticas y empresariales son determinantes de la acumulación de riqueza, ya que usualmente las élites políticas trabajan para las empresariales otorgándole reducciones de impuestos, legislación más flexible, mayor contratación, entre otras estratégicas, convirtiendo las ganancias empresariales en mayores cargas tributarias para los ‘no élite’, encareciendo ciertos bienes y servicios y disminuyendo la oferta de bienes públicos. Esto es lo que Oxfam denomina: capitalismo clientelar: culpable del detrimento del bien común, obstáculo para la reducción de la pobreza y puerta de entrada a la corrupción.
Volviendo entonces a la carrera presidencial y ante el marco histórico de corrupción, la desconfianza frente al Estado y la crisis moral que nos habita, resulta seductor hablar de austeridad, como lo ha hecho Iván Duque, quien en los debates ha defendido la idea de reducir el gasto para evitar un mayor déficit fiscal y conducir al país hacia un Estado austero. También ha hablado de reducir los impuestos a los empresarios confiando en la creación de puestos de trabajo. Pues bien, si las comisiones han puesto el dedo en los lugares donde deberían estar las intervenciones, dichas propuestas van en dirección contraria, ya que la austeridad sería más para cuidar el déficit fiscal que para combatir la corrupción, y los beneficios tributarios en pro del empleo son un viejo camino que no ha dejado sino acumulación de riqueza, precariedad laboral y más desigualdad.
