La eterna discusión sobre el límite a la actuación del Estado dentro de las actividades económicas cada día cobra más vigencia.
Tras haberse vendido la idea de que el Estado era ineficiente y que no debía ofrecer ciertos bienes y servicios que podrían brindar los privados de una forma más ‘eficiente’, se fueron haciendo las reformas que llevaron a una mayor participación privada, al tiempo que separó al Estado y lo obligó a ejercer como regulador, mediante los órganos de control y vigilancia, y las comisiones de regulación.
La idea de la ineficiencia de las empresas públicas siempre se puso en entredicho sin discutirse seriamente las formas de operación de las mismas, las deficientes capacidades técnicas de sus dirigentes y su nivel ético, el clientelismo y la burocracia, y la falta de control en las contrataciones y sus inversiones, por citar algunos aspectos.
En consecuencia, prosperaron las reformas, se vendieron y se privatizaron las compañías sin desafiar el paradigma dominante: más mercado, menos Estado.
Los resultados y los desastres económicos privados han puesto en la agenda nuevamente la discusión sobre la intervención del Estado en la economía, y por ello, se pretende recuperar el terreno perdido, bajo las premisas de revoluciones, nacionalizaciones o simplemente el cambio de un modelo de operación.
No obstante, su materialización implica costos, sacrificios y siempre se queda expuesto al enfrentamiento de poderes y situaciones, lo que implica que se debe demostrar sin titubeos, que los modelos de operación han resultado costosos, ineficientes y corruptos, y que por ello, hay que recuperarlos.
Dicha recuperación es más que loable, pero es compleja, además de que debe ser planteada desde la superación a los problemas identificados y en función de los beneficios sociales, pues de lo contrario, de no superar esto, sería aconsejable ir más lento.
Hoy, cuando Bogotá enfrenta una situación atípica justificada desde un cambio de modelo en la operación de un servicio, que luego se juzgó y se sancionó, motiva muchas reflexiones de parte y parte.
Actualmente, cuando Cali y Medellín se debaten sobre asuntos semejantes e intentan cambiar modelos de operación en sus sistemas de transporte, ya empiezan a suscitar también serias reflexiones, por ejemplo, en Medellín el sistema muestra ineficiencias, que perciben los usuarios por las bajas frecuencias y una oferta limitada, lo que está presentando inconformidades en la población y ha creado unas fallas en el mercado que lesiona la confianza institucional, entre otros aspectos.
En síntesis, la recuperación pública del terreno perdido puede ser una forma de avanzar para cerrar las brechas generadas por otros modelos, pero esto debe hacerse garantizando que la operación será mejor y que los beneficios sociales resultan incuestionables; de lo contrario, si llegan las investigaciones y se comprueban las fallas, Cali, Medellín y muchas otras capitales, podrían enfrentarse a sanciones y situaciones atípicas.
Jorge Coronel López
Economista - Profesor U. de Medellín