Habría que estar ciegos para negar los avances del proceso que transcurre en La Habana. La tregua unilateral, decretada por las Farc a finales del año, se ha venido cumpliendo, así lo reconoce el propio presidente Santos. Tal como ha sucedido numerosas veces, esta pudo ser un movimiento táctico de alcance temporal. El equipo negociador parece haber asumido que, esta vez, se trata de un paso claro hacia la reducción del conflicto con miras a su resolución definitiva. Ello explicaría la suspensión de las operaciones aéreas ofensivas durante un mes, anunciada por el gobierno. Se avanza, pero con cautela.
De modo simultáneo, se ha divulgado un acuerdo para realizar tareas de erradicación de minas en las que participarían guerrilleros activos. Para que ello sea posible, es menester suspender las correspondientes órdenes de detención. Además, no se les podría capturar –como sería no solo posible, sino obligatorio– por hallarse incursos en los delitos de rebelión y porte ilegal de armas.
Lo anterior no configura una tregua bilateral, pero, sin duda, se trata de pasos que pueden conducir a lo que el acuerdo general denomina ‘Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo’. Para eso son, en última instancia, los procesos de paz.
Se ha dicho que, a pesar de la tregua en las actividades armadas, la guerrilla mantiene abierto su portafolio de negocios ilegales: droga, minería, combustibles, extorsión y secuestro. Aunque, por supuesto, las autoridades deben perseguir con energía tales actividades criminales, la verdad es que de ellas viven los alzados en armas; y tendrán que seguir haciéndolo hasta cuando se estipulen las reglas para su desmovilización.
Todos estos esperanzadores avances tornan más urgente el debate sobre el mecanismo de refrendación por los ciudadanos, sobre todo ahora que es evidente, como lo advirtió el Fiscal General, que un referendo constitucional no es el instrumento adecuado. En este contexto, sería preciso saber, con certeza plena, si se pretende actuar dentro del Estado de Derecho que nos rige, o si el objetivo es la ‘refundación de la Patria’. No es esta una cuestión trivial.
En columna anterior (Salidas extraconstitucionales) reseñé varias propuestas, lanzadas tanto por la guerrilla como por distinguidos integrantes del ‘establecimiento’, violatorias de la Carta Política del 91: ‘séptima papeleta’, ‘Congresito’, entre otras.
De entonces, en la prensa nacional se han publicado columnas de distinguidos académicos que pregonan la necesidad de un nuevo pacto social entre los colombianos. Sus posiciones son por entero coincidentes con las de los alzados en armas. En efecto, se lee en el portal de la Farc, “la Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana”. No se sabe, en absoluto, cuál sea el alcance concreto de tan nobles anhelos.
Apenas es necesario señalar que la sustitución de la Carta por otra es un acto revolucionario o, lo que es igual, un golpe de Estado. ‘París bien vale una misa’, dice el refrán, pero entregar la Constitución es un precio demasiado alto para resolver un conflicto que no pone en riesgo la estabilidad nacional. Si esa fuere la fórmula, no vale la pena desgastarse en la negociación. Que los constituyentes, dotados de poderes soberanos, resuelvan sobre el nuevo modelo de sociedad.
Jorge H. Botero
Presidente de Fasecolda
jbotero@fasecolda.com
