Jorge Humberto Botero

‘Sicarios, mafiosos’

Jorge Humberto Botero
Opinión
POR:
Jorge Humberto Botero
julio 05 de 2015
2015-07-05 11:15 p.m.
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Tales son los duros epítetos del Ministro de Defensa contra las Farc a propósito del recrudecimiento de sus acciones ofensivas. ¿Son ellos correctos? La guerrilla no realiza actos de violencia por cuenta de terceros, que es la esencia de la actividad sicarial; actúa por cuenta propia, directamente o a través de sus redes de apoyo. En ese punto, el ministro Villegas no acierta. Pero tiene la razón en denominarlas “mafiosas”: el término claramente denota una actividad lucrativa realizada al margen de la ley. En este caso, el tráfico de drogas prohibidas y la minería ilegal son sus principales fuentes actuales de financiamiento.

El problema consiste en que si ese es el ‘ADN’ de las Farc, la negociación en curso carece de legitimidad. Con mafiosos no se podría negociar la agenda de desarrollo rural como ocurre en La Habana, sino apenas las condiciones de su rendición. A “bandidos y terroristas” –para usar los adjetivos utilizados durante los años de Uribe– solo pueden ofrecerse condiciones generosas para que se sometan a la justicia.

Es claro que las bases de la estrategia de paz de Santos son diferentes a las de su antecesor. El énfasis ahora es que las Farc son un grupo alzado en armas que lucha por la instauración de un modelo diferente de sociedad, su delito primordial es político. Por esta razón se les abre el espacio de una negociación en cuyo temario se incluyen reivindicaciones de ese tipo. Y, por lo mismo, en el ‘Marco Jurídico para la Paz’ se habla del ‘conflicto armado interno’ y no, como antes, de una ‘amenaza terrorista’. Este salto conceptual requiere una pedagogía rigurosa que hasta ahora luce insuficiente.

De aquí las dificultades del discurso del ministro Villegas, que hereda de Pinzón. Para mantener alta la moral de las tropas y tratar de recuperar respaldo ciudadano, es preciso referirse en duros términos al enemigo. Pero, al mismo tiempo, ello puede incrementar la animadversión ciudadana por la solución negociada del conflicto.

En la actualidad, los hitos centrales del debate son: el rechazo categórico de las Farc a que el Congreso, al adoptar las normas de justicia transicional que la Constitución contempla, establezca penas privativas de la libertad para sus integrantes. Y la necesidad de la pronta estipulación de una tregua bilateral, o, lo que es casi lo mismo, de un pacto para ‘desescalar’ la confrontación. Son cuestiones difíciles de abordar. Seamos conscientes, al menos, de sus consecuencias.

Respecto de lo primero, así el Estado decidiera pasar por alto normas obligatorias y, para colmo, propuestas por el actual Gobierno, este carece de la potestad de garantizar que la Corte Penal Internacional no ejercerá sus competencias punitivas en Colombia. Es mejor alternativa que la comandancia guerrillera reciba un derecho de asilo permanente en Cuba bajo ciertas condiciones de buena conducta pactadas en el acuerdo final.

Sobre lo segundo: una tregua intemporal impediría usar la aviación, que es nuestra ventaja suprema en la guerra; suspender las operaciones contra el narcotráfico, y tácitamente aceptar que las negociaciones se puedan extender indefinidamente, lo cual, a su vez, carece de viabilidad política.

Posdata. Si las Farc fueren responsables de los atentados con explosivos en Bogotá, la continuidad del proceso estaría en jaque. Se requiere, pues, mucha cabeza fría antes de actuar.

Jorge H. Botero

Presidente de Fasecolda

jbotero@fasecolda.com

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