Jorge Humberto Botero

Crisis institucional

Jorge Humberto Botero
POR:
Jorge Humberto Botero
enero 12 de 2014
2014-01-12 09:13 p.m.
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El 2013 nos deja una crisis institucional cuyas consecuencias gravísimas no se perciben con facilidad y que hay que resolver a sabiendas de que ‘la medicina puede ser peor que la enfermedad’.

El Procurador General goza de la prerrogativa de destituir e inhabilitar durante largos periodos a cualquier funcionario, incluidos aquellos elegidos por el voto popular, por la comisión de faltas disciplinarias que un estatuto legal define con pasmosa laxitud. Sus determinaciones solo son recurribles ante él mismo, disputables, luego de procesos eternos, ante el Consejo de Estado, y susceptibles de acciones de tutela, mecanismo este que ha dejado de tener carácter extraordinario, en especial para proteger unos derechos fundamentales taxativamente definidos, y que mucho se usa hoy con el fin de obstaculizar el funcionamiento regular de los poderes públicos.

Preocupa a muchos que el Procurador use su guadaña justiciera con discrecionalidad plena y frecuencia inusitadas como lo demuestra la larga lista de cadáveres políticos que ha dejado tendidos en el campo.

Para colmo y por inadvertencia inexplicable, la Constitución autoriza su reelección, lo cual hace posible el intercambio de beneficios entre un funcionario poderoso y los miembros del Congreso y de la cúpula judicial que participan en su designación.

La Contraloría General inadvertidamente se ha convertido en factor de parálisis de la administración. Mientras en el sector privado se recompensa a los funcionarios que toman iniciativas para mejorar la productividad de las empresas, los servidores estatales procuran no resolver sino cuando no hay más remedio, minimizando, hasta donde sea posible, los efectos de sus determinaciones.

Es comprensible que así actúen, aunque su lentitud y conservadurismo le hagan daño a la competitividad del país. Son conscientes de que el fantasma del ‘detrimento patrimonial’ es una realidad inminente que, de materializarse, puede dar lugar a su expulsión del servicio civil, a la imposibilidad de ocupar otros cargos y a ser condenados a responder por daños, a veces derivados de interpretaciones discutibles, que habrían causado al Estado.

La politización de la Justicia, los actos de corrupción que se suceden con frecuencia y su mala calidad, hacen necesaria una reforma estructural. Pero cuando ella se intentó, el propio Gobierno, horrorizado por las turbias componendas que descubrió al final del túnel legislativo, tuvo que salir precipitadamente a abortarla.

Ahora hay consenso en cuanto a que la reelección presidencial inmediata es una mala opción; debilita al presidente en ejercicio durante su primer periodo y le concede una ventaja casi imposible de remontar frente a quienes le compiten por el segundo mandato. También parece haber acuerdo en que un periodo de 5 o 6 años podría ser una mejor alternativa.

No obstante esta reforma plantea dificultades enormes. ¿Extendemos, igualmente, los periodos de congresistas, gobernadores y alcaldes? ¿Será que el nuevo periodo presidencial se diseña para que implique ‘borrón y cuenta nueva’? (En tal caso, podrían aspirar en el 2018 aquellos ciudadanos que ya hubieren sido presidentes, pues sería la primera vez que aspiran bajo las nuevas reglas). Resolver estos graves problemas implica un proceso político complejo: hay que procurar que se adelante bajo el ‘velo de la ignorancia’, es decir, que quienes participen en el diseño de la nueva arquitectura no sepan a qué actores políticos ella habrá de beneficiar. Lo logramos en 1991, tendríamos que ser capaces de hacerlo de nuevo.

 

Jorge H. Botero
Presidente de Fasecolda

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