Jorge Humberto Botero

La ley de infraestructura

Jorge Humberto Botero
POR:
Jorge Humberto Botero
octubre 05 de 2013
2013-10-05 09:17 p.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/24/56cdbf9aa1501.png

La infraestructura en Colombia presenta un rezago importante si se compara con el desarrollo que ha tenido en otros países.

Para remontar esta desventaja competitiva, el Gobierno Nacional ha anunciado una inversión por 47 billones de peso para construir aproximadamente 8.900 km. de carretera, a través de asociaciones público privadas.

Frente a la necesidad de mejorar la calidad de los proyectos y celeridad de su ejecución, la Comisión de Infraestructura designada por el Gobierno analizó los inconvenientes que han impedido el buen desarrollo de los distintos proyectos que se han ejecutado en el país. Se concluyó que existen tres grandes ‘cuellos de botella’: el trámite de las licencias ambientales; la adquisición de los predios, y las consultas con grupos étnicos.

Para resolver estos inconvenientes se ha presentado un proyecto de ley que contiene herramientas para superar dos de los ‘cuellos de botella’ identificados (la regulación de las consultas con comunidades, que es fundamental, requiere una ley autónoma).

Por ejemplo, se permite la entrega anticipada por orden judicial de los bienes inmuebles declarados de utilidad pública para proyectos de infraestructura de transporte en un término de treinta días calendario; se establece que el acto administrativo por medio del cual se declara la expropiación administrativa del inmueble sea de aplicación inmediata y goce de fuerza ejecutoria, y se autoriza que en los contratos se conformen tribunales técnicos, financieros y jurídicos para la resolución de controversias relacionadas con los distintos proyectos, siempre y cuando no versen sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales.

Es importante destacar que durante el trámite legislativo, el proyecto de ley se ha enriquecido con algunas normas que van a ayudar a superar muchos de los inconvenientes que hoy afectan a los distintos contratos.

Inicialmente, la propuesta era mantener el esquema que hoy se aplica, según el cual los riesgos relacionados con el trámite de licencias ambientales y la adquisición predial deben ser asumidos por los contratistas, pero en el texto aprobado en segundo debate se dispone que la compra o expropiación de los inmuebles que se requieran es responsabilidad del Estado.

Igualmente, se establece que “a partir del tercer año de promulgación de la ley, la responsabilidad de gestión y obtención de la licencia ambiental será de la entidad pública responsable del proyecto”.

La incorporación de estas dos disposiciones es muy valiosa: asigna al Estado los riesgos de adquirir los predios y de tramitar las licencias ambientales, teniendo en cuenta que es la parte que está en mejores condiciones de administrarlos.

La generalidad de los actores comprometidos con la puesta en marcha de este ambicioso plan lo ha respaldado.

Solo hace falta que el Congreso de la República le imparta su aprobación. Su despegue acelerado puede ser un gran dinamizador de la economía nacional a partir del 2014.

Respecto a las consultas con comunidades localizadas en las zonas de influencia de los proyectos, resulta indispensable que el Gobierno presente con prontitud al Congreso las reglas necesarias para conciliar los derechos de esas comunidades con el interés general.

En una sociedad democrática nadie puede gozar de un poder de veto.

Jorge Humberto Botero

jbotero@fasecolda.com

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado