Jorge Humberto Botero

Mejores instituciones

Jorge Humberto Botero
Opinión
POR:
Jorge Humberto Botero
noviembre 24 de 2014
2014-11-24 01:01 a.m.
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En el último informe anual del Consejo Privado de Competitividad, se nos recuerda una lamentable realidad: la competitividad del país, su capacidad de relacionarse con éxito en una economía inexorablemente globalizada, se encuentra estancada. Del conjunto de índices que para medirla utiliza el Foro Económico Mundial, en dos de ellos nos va excepcionalmente mal: calidad de las instituciones y sistema tributario. Muchas cosas podemos hacer para superar este mediocre desempeño.

El proceso de expedición de las leyes es opaco, susceptible de manipulaciones indebidas y generador de incertidumbre. Para cambiar esta realidad, en bien de la ciudadanía, pero también del prestigio del Parlamento, podemos superar la cultura del papel, sustituyéndola por los poderosos antisépticos que la tecnología ofrece.

Esto significa que los proyectos de ley, las ponencias que rindan los congresistas y las actas que recogen debates y votaciones, tendrían que ser radicados en medio electrónico. Con estos materiales se formarían expedientes virtuales que se colocarían en ‘la nube’ para que todos podamos consultarlos con facilidad. Si las leyes se gestan así, su promulgación, que precisa con exactitud su contenido y determina su entrada en vigencia, podría realizarse en un diario oficial igualmente electrónico.

Imaginen ustedes los efectos de medidas tan sencillas como estas en el fortalecimiento de la jerarquía intelectual de los debates sobre la formación de las reglas de juego básicas de la sociedad, y sobre la comprensión de las normas por sus destinatarios.

Desde comienzos del siglo XX, sabemos que el Estado moderno es un Estado burocrático. Se soporta en un estamento de servidores públicos apolítico, estable, bien remunerado y dotado de credenciales profesionales y éticas elevadas. El rezago de Colombia en esta materia es abrumador. En el nivel central, que suponemos el de mejor nivel, cerca del 40 por ciento de los funcionarios son contratistas. Se vinculan por periodos breves, que, de ordinario, no exceden el ciclo anual, carecen de acceso a la seguridad social estatal y de estímulos para hacer del servicio civil una opción atrayente para sus carreras profesionales. Aprenden en el Estado y se marchan hacia el sector privado.

El promedio de calidad de los funcionarios es bajo; instituciones hay que son modelo de excelencia y otras en las que campea la ineficiencia, cuando no la corrupción. La gestión de la moneda, las finanzas públicas y la energía, son ejemplos que podemos mostrar con orgullo. No podemos decir lo mismo con la administración de justicia, la salud (a pesar de esfuerzos recientes) o las prisiones.

De este tema hay que ocuparse con rigor. Es obvio que crear murallas chinas entre la política y la administración es indispensable, pero no es tan claro que convenga garantizar a los funcionarios estabilidad a raja tabla: las experiencias nefastas de Colpuertos o el Seguro Social no pueden olvidarse.

Ahora que andamos cocinando a las volandas una reforma tributaria para resolver necesidades fiscales apremiantes, y, por lo tanto, sin tiempo para realizar un ejercicio riguroso sobre la estructura fiscal –en sus dimensiones de ingresos y gastos– vale la pena recordar dos datos dramáticos.

El primero: la distribución del ingreso, calculado después de impuestos, en muchos países –Gran Bretaña es caso admirable– mejora sustancialmente, en Colombia no. El segundo: solo hay cinco Estados en el mundo que imponen a sus empresas una carga tributaria mayor.

Jorge H. Botero

Presidente de Fasecold


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