Jorge Humberto Botero

¿Qué hacer con Planeación Nacional?

Jorge Humberto Botero
POR:
Jorge Humberto Botero
abril 20 de 2014
2014-04-20 09:19 p.m.
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Con alguna frecuencia se escuchan voces críticas sobre el Departamento Nacional Planeación (DNP), una entidad que ha jugado un papel fundamental en la gestación de políticas públicas en nuestro país.

Algunas de las glosas se centran en la supuesta pérdida de identidad padecida por el DNP en la medida en que, con el paso de los años, a las funciones originales que se le asignaron en el Gobierno de Carlos Lleras, se le fueron acomodando otras, sin tener el cuidado necesario para que el conjunto continuara siendo armónico.

Existe otra glosa de obvio corte ideológico. Planeación sería el santuario de las visiones modernizantes y liberales, por oposición a las afincadas en concepciones humanistas y en el Estado de Derecho que anidarían en las altas cortes. Hay que rechazar con energía esta concepción maniquea. Se precisa fortalecer una entidad indispensable para construir y promover políticas públicas de calidad, las que, precisamente por serlo, deben apuntar a resolver los problemas de pobreza y desigualdad en el marco constitucional y con elevado sentido de la justicia, pero también con sólidos fundamentos técnicos, entre ellos los de sostenibilidad fiscal. A las cortes no les corresponde construir esas políticas, sino juzgar su juridicidad. No sobra recordarlo.

Del repertorio de actuales funciones se destacan las que, desde su fundación, fueron esenciales: preparar, cada cuatro años, el Plan Nacional de Desarrollo, discutirlo con los sectores sociales que convergen en el Consejo Nacional de Planeación y sacarlo adelante en el Congreso para, finalmente, ponerlo en ejecución. Igualmente fungir como banca de inversión del Estado, preparar los documentos de política sectorial –desde el agua hasta la justicia– que se someten al Conpes, y elaborar los capítulos de inversión que se incorporan anualmente en el Presupuesto Nacional.

Todas estas tareas son tan importantes hoy como antaño, al extremo de que desempeñarlas debería constituir el repertorio único de las funciones del DNP; las demás deberían migrar hacia otras entidades. Así:

El proceso de descentralización de recursos fiscales, iniciado en 1986, a finales de la administración Betancur, ha avanzado, tal vez más que en cualquiera otro país de la región, salvo en los de tipo federal. En la actualidad, la Nación, a través del Sistema General de Participaciones, cede el 28 por ciento de sus ingresos corrientes a las entidades territoriales. Recientemente, la reforma de las regalías ha fortalecido la participación de las regiones en el manejo de esos recursos. Acompañar a sus beneficiarios para que los usen con eficiencia, podría ser el cometido de un ministerio de la descentralización. Esta idea se refuerza teniendo en cuenta las señales que manda el Gobierno: el eventual acuerdo en La Habana tendría en la ‘paz territorial’ uno de sus elementos centrales.

Por último, el DNP gesta un conjunto de políticas y, a la vez, las evalúa. Así lo haga con rigor, la condición de juez y parte, afecta su credibilidad. Se requiere, pues, fortalecer las tareas de evaluación creando para ese propósito un ente independiente, que no puede ser la Contraloría General, la cual debería limitarse a ejercer los controles para evitar que se roben o dilapiden los dineros públicos: algo va de juzgar la eficiencia a castigar la corrupción.

 

Jorge H. Botero

Presidente de Fasecolda
jbotero@fasecolda.com

 

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