Jorge Mario Eastman Vélez

Tarascada nicaragüense

El triunfo inatacable de François Hollande, en Francia, propiciará el rejuvenecimiento de la socia-democracia europea.

Jorge Mario Eastman Vélez
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Jorge Mario Eastman Vélez
abril 29 de 2012
2012-04-29 11:53 p.m.
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Desde la Embajada en Washington (1980 -1981) nos correspondió impulsar ante el senado de Estados Unidos, en su última etapa, la ratificación del Tratado Vásquez-Saccio (1972), destinado a dar término al statu quo establecido en el Canje de Notas Olaya- Kellogg (1928).

Con esta confirmación se reconoció la soberanía de Colombia sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana. Como ha sido de usanza dentro de nuestro provincianismo ancestral, esta gran noticia fue subestimada en el mundillo político.

Difícil haber imaginado, en ese entonces (1981), que con el transcurso de pocos años unos presidentes nicaragüenses acudirían otra vez al recurso de inventarse un enemigo externo y, sin importarles los costos, exacerbarían impúdicamente el nacionalismo de sus compatriotas sembrándoles expectativas ilusas, en contravía con los principios básicos del Derecho Internacional.

Una tarascada política con la pretensión de hacer olvidar a su pueblo la crisis múltiple que hoy sigue padeciendo.

Obró bien nuestra Cancillería cuando declaró que la Corte Internacional de Justicia de la Haya no era competente para resolver la demanda interpuesta por Nicaragua, en su absurda pretensión de redefinir la soberanía y jurisdicción sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Entre otras razones:

1. El Pacto de Bogotá ( 1948), en su Artículo 6, refiriéndose a los procedimientos de solución pacífica afirma: que estos no podrán aplicarse a los asuntos ya resueltos por ‘Acuerdos o Tratados’ vigentes a la firma de ese instrumento.

2. La reserva dejada por Colombia en 1937, al aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Institucional Judicial, según la cual esta carece de competencia y jurisdicción para conocer de las controversias y asuntos acaecidos antes del 6 de enero de 1932.

3. Además, resulta redundante insistir en que el Tratado Esguerra-Bárcenas (1928), ratificado por Acta de Canje por ambos países en 1930, no podrá declararse unilateralmente inválido.

Basta recordar la existencia de títulos que datan desde La Real Orden (1803), el Uti possidetis iure (1810), el Tratado Gual-Molina (1825), y el Laudo Arbitral del presidente Émile Loubet (1900) mediante el cual Nicaragua reconoció plena soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Nicaragua sabe que la reivindicación del Archipiélago carece de todo fundamento y, en el fondo, lo que pretende es que la Corte, como en su momento lo afirmaran López Michelsen y Alberto Lozano, les dé ‘contentillo’ admitiendo que el Meridiano 82, como límite marino, podría revisarse. En pocas palabras: para Colombia, su política marítima es política de Estado.

JORGE MARIO EASTMAN

EXMINISTRO DELEGATARIO
consignajme@yahoo.com

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