Jorge Ramírez Ocampo
análisis

Orgía de regulaciones

El exceso de reglamentaciones agudizan la corrupción, la informalidad, la falta de competitividad y el deterioro de la confianza.

Jorge Ramírez Ocampo
POR:
Jorge Ramírez Ocampo
diciembre 03 de 2017
2017-12-03 04:53 p.m.
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La producción de regulaciones en Colombia es excesiva. De acuerdo con un reciente estudio de Planeación Nacional, entre el 2000 y el 2016 se expidieron 91.742 regulaciones, entre resoluciones, decretos, circulares y acuerdos. (Nótese que en ese inventario no aparecen las leyes).

Ese estudio es citado con mucha preocupación por el Consejo Privado de Competitividad en el ‘Informe Nacional de Competitividad 2017-2018’. También alarma al Consejo Gremial Nacional en su documento: ‘Agenda Empresarial 2018-2022’. Y tienen razón, porque esa orgía de regulaciones es causa, o indirecta, de la corrupción, la informalidad, la baja competitividad y el deterioro de la confianza, que afectan gravemente a Colombia.

En los últimos tres gobiernos, la producción de regulaciones se ha acelerado progresivamente. Mientras entre el 2000 y el 2002 se aprobaron en promedio 3.667 regulaciones anuales, entre el 2003 y el 2010 el promedio fue de 4.800, y entre el 2011 y el 2016 fue de 7.057, casi el doble que en la administración Pastrana.

Cuando se inició el gobierno actual se hizo el loable propósito de reducir y simplificar trámites y procedimientos, pero la inercia reguladora resultó incontenible. En alguna administración de Estados Unidos se decretó que se derogaran al menos dos regulaciones por cada una que se aprobara. Sabia receta…

El primer efecto perverso del exceso de regulaciones es la corrupción. En la medida en que aumentan las regulaciones, toma más tiempo y se hace más complejo sacar una licencia ambiental, hacer una importación, pagar impuestos, matricular un automóvil o registrar una escritura de propiedad. Esas demoras colocan a los ciudadanos y a las empresas en manos de algunos funcionarios corruptos, que saben que promover la demora induce a los perjudicados a ofrecerles una coima para acelerar la decisión. Es angustioso ver a una empresa parada porque no ha podido nacionalizar una materia prima. O un puerto cerrado porque hay engavetada una resolución autorizando su reapertura. O un ciudadano padeciendo porque tiene que ir a 4 o 5 sitios distintos de la ciudad para lograr sacar su vehículo de los patios del tránsito. Todos ellos sienten la presión de funcionarios corruptos que se sientan en las manos, esperando la oportunidad de cobrar su mordida.

Casi siempre que se intenta simplificar un procedimiento, el resultado final son regulaciones más complicadas. Se decía que en Japón se hacían las puertas estrechas y bajitas para obligar a los samuráis a inclinarse y dejar sus espadas antes de ingresar a una vivienda. En Colombia, las puertas regulatorias son cada vez más bajitas y más estrechas para complicarles la vida a los ciudadanos.

El ‘Informe de Competitividad 2017-2018’ se dedica a mostrar las razones por las cuales la informalidad afecta gravemente la competitividad de Colombia. Pero el exceso de regulaciones inhibe a las empresas para formalizarse, porque temen que las normas actuales o futuras, que incluyen sanciones a quienes las incumplan, hagan inviable su negocio. A veces, los nuevos emprendedores se abstienen formalizarse porque temen que el exceso de regulaciones los saquen del mercado.

Ese exceso de regulaciones también desestimula a los trabajadores a formalizarse. Cuando el patrono los invita a hacerlo, invocan la pérdida del Sisbén, o la obligación de sacar el RUT, o un certificado de salud, etc. Es una paradoja que las normas que deberían promover la formalización sean muchas veces un obstáculo para hacerlo.

Y ¿qué decir del efecto sobre la competitividad? Los trámites para la creación de una empresa, la proliferación de reglamentos para la producción industrial o la actividad bancaria, los requisitos de certificados, entre otros, obligan a las compañías a tener costosos ejércitos de back-office para evitar sanciones. Ese exceso de regulaciones impide que las empresas se diferencien, porque tienen que cumplir requisitos inútiles que las hacen idénticas a sus competidoras y matan el espíritu empresarial.

Sin duda, la confianza es el principal motor de la inversión y de la innovación, y, por tanto, del crecimiento económico. Pero el cambio permanente de normas crea incertidumbre y mina la confianza de los empresarios. Claro que se necesitan normas.
Pero la producción descoordinada de regulaciones, que a veces son contradictorias, es un tremendo enemigo de la confianza. Más aún, muchas veces se adoptan normas para evitar la corrupción y ellas mismas se convierten en fuente de corrupción, porque, ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Cada nueva regulación inútil o redundante, le produce un beneficio a alguien que encuentra la manera burlarla para sacarle ventaja a su competencia, mediante su violación.

El ‘Informe del Consejo Privado de Competitividad 2017-2018’ tiene un capítulo dedicado a proponer fórmulas para cauterizar esa vena rota de la institucionalidad colombiana.
Bien harían los candidatos presidenciales en estudiar y llevar a la práctica esas recomendaciones.

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