Se ha vuelto costumbre alabar gratuitamente a la Constitución del 91. En lo respectivo a la descentralización, a cambio de una relación clientelista del bipartidismo (criticable, pero eficaz, a su manera), se pasó al uso de fórmulas automáticas de participación del presupuesto central con resultados modestos en el desempeño fiscal local.
Estas medidas tecnocráticas -bien intencionadas- son estratégicamente débiles en la relación estructural entre centro y periferia. A la vez, se ha debilitado el papel del DNP. La política local se enredó con relaciones profundas con el paramilitarismo y tomó cuerpo una visión de Estado basado en el poder de la tierra y de sectores no transables.
La guerrilla y las bandas criminales infiltraron la producción de coca y la minería ilegal del oro, aprovechando la ausencia del Estado en el territorio. Millones de personas fueron expulsadas violentamente de su tierra.
Y Bogotá lleva una década perdida entre la incompetencia o la corrupción de la izquierda, que le impide capitalizar las economías de aglomeración y la alta densidad de talento humano.
Por supuesto que no es posible echarle a la Constitución del 91 la culpa de todas y cada una de las patologías que hemos sufrido a nivel territorial. Pero es cada vez más claro que lo que existe es insuficiente para integrar orgánicamente a los departamentos y municipios con las políticas sectoriales, que se proyectan espacialmente de manera descoordinada y con agendas propias, sin voz única desde el ejecutivo central.
Los alcaldes reciben unos fondos del Sistema General de Participaciones, recaudan muy poco para cubrir necesidades de infraestructura, incluso en presencia de mejoras sensibles en recaudo local, y ahora reciben dineros de regalías, una reforma en la que los pesos y contrapesos quedaron mal, porque se puede robar siempre y cuando se pueda dedicar a un par de personas a llenar los insoportables requisitos formales de las inverosímiles ‘ías’.
Aunque el paralelo es más que imperfecto, la reforma que plantea el sector de defensa norteamericano trata de resolver un problema equivalente al que aqueja a las relaciones centro-periferia en Colombia. En el número de mayo-junio de la revista FP se discute en dos artículos la esterilidad de los avances tecnológicos (léase drones) para definir los resultados de la guerra, la importancia de disponer de Fuerzas Alineadas Regionalmente (RAF, en inglés), lideradas y gestionadas que entiendan las sutilezas culturales de los escenarios de conflicto global, y la necesidad de descontinuar la organización militar clásica por fuerzas (tierra, mar y aire) para transformarla en unidades que se organizan de acuerdo con las necesidades de las RAF.
La reforma del Estado colombiano para resolver el problema de las relaciones centro-periferia en el contexto del posconflicto requiere el equivalente de ‘relaciones alineadas regionalmente, que superen la solución tecnocrática ilusa de transferencias que no generan transformaciones modernas en el territorio y la descoordinación de políticas transversales.
Esto requeriría nombrar a unos cinco gerentes regionales de alta creatividad y liderazgo, con capacidad de movilizar recursos públicos y privados a través de incentivos sostenibles y arreglos innovadores, y por lo menos durante una década. Así se podrán articular los sectores centrales y regionales y el sector privado.
Este sería un duro ejercicio con muchos inconformes, y exigente en liderazgo central, que vale la pena evaluar.
Juan Benavides
Analista
benavides.jm@gmail.com