Todos los países se han lanzado frenéticamente a diseñar planes para contrarrestar la recesión económica. Algunos, como Japón, ya han divulgado tres planes diferentes.
Precisamente una de las grandes diferencias que caracterizó la
reciente reunión del G-20 fue la discrepancia de enfoque que afloró entre Europa y Estados Unidos sobre la magnitud y rapidez que deben tener los programas de gasto anticíclico.
Este debate no ha estado ausente en Colombia. Después de algunos meses de titubeos el Gobierno anunció sus programas de estímulo económico, en los que -más que gasto público nuevo- se busca es ejecutar mejor y más rápidamente los dineros que ya estaban presupuestados antes de que estallara la crisis.
Como el blindaje con el que contábamos se derritió como un castillo de arena ante las primeras oleadas de la crisis internacional, y como los implacables pregones del desempleo no están diciendo a gritos que no somos una ínsula en esta tormenta, Colombia ha tenido que salir a las volandas, a anunciar sus propios planes anticíclicos.
En esencia (como no hicimos ahorros en las épocas de 'vacas gordas') todo lo que se puede hacer es procurar gastar más rápido lo que ya estaba presupuestado. Y afanar el proceso de las licitaciones públicas. Se habla de 55 billones para infraestructura que estaban previstos en el presupuesto del 2009 y que ahora hay premura para comprometer y desembolsar. También el Gobierno le ha hecho un airado llamado de atención a los departamentos y municipios para que hagan lo propio. Se dice que tienen un rezago de gastos superior a 5 billones de pesos.
Todo lo cual está muy bien. Pero recordemos tres puntos que quizás sirvan para diseñar estos planes anticíclicos con cuidado, de tal manera que no nos den sorpresas desagradables.
En primer lugar, hacia finales del año entrará en aplicación la 'ley de garantías electorales', pues se acerca un periodo electoral.
Tendremos la votación de un referendo y probablemente unas elecciones presidenciales con reelección a bordo. La llamada 'ley de garantías' tiene la desafortunada característica que durante cuatro meses paraliza la contratación pública. De manera que todo lo que no se haga en el próximo semestre entrará a éste inconveniente congelador.
En segundo lugar, no hay que hacerse falsas ilusiones de que todo lo que se invierta en infraestructura alivia el problema del desempleo que está repuntando. Un reciente estudio del Banco Mundial informa que la inversión en gran infraestructura (donde hay un alto componente de insumos importados) poco empleo genera.
Por ejemplo: 1.000 millones de dólares en este tipo de obras apenas generan 30.000 puestos de trabajo, cuando hay cerca de 2.600.000 desocupados en el país.
Lo que resulta clave en las actuales circunstancias son las pequeñas obras de impacto rápido: carreteras de pico y pala; mantenimiento de mallas viales urbanas; ampliación de redes de acueducto y alcantarillado; programas sencillos de vivienda popular, entre otras.
Y por último: recordar que un programa anticíclico no se debe reducir a las obras públicas gubernamentales. Hay también un elemento crucial: mejorar la capacidad de demanda de los hogares.
Y para eso debería dársele pronta consideración a dos puntos.
Revisar el inoportuno programa que se montó hace poco consistente en cobrar la gasolina más cara de lo que debería estar en los surtidores. Y contemplar una medida que dio buenos resultados hace diez años en circunstancia similares: bajar el IVA, en vez de seguirle otorgando costosos subsidios tributarios a unos pocos sectores privilegiados.
jotacrestrepo@yahoo.es
¿Qué clase de obras públicas?
No hay que hacerse falsas ilusiones de que todo lo que se invierta en infraestructura alivia el prob
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Juan Carlos Restrepo
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