Durante la semana que acaba de concluir se reunió en Cartagena el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Fue una magnífica ocasión para revisar, de cabo a rabo, cómo están marchando las obras públicas que muestran áreas de sol y sombra.
Uno de los temas que se analizó con más cuidado fue el de la construcción y mantenimiento de vías terciarias y secundarias, donde hay grandes atrasos e inmensas solicitudes de todas las comunidades.
Un consenso relativamente amplio en este Congreso fue el de que el Gobierno Nacional debería dedicarse a la gran infraestructura, como vías troncales, puertos y aeropuertos, rehabilitaciones férreas, y dejarle a los departamentos y municipios -tal como lo quiso y lo quiere aún la Constitución de 1991- todo lo concerniente a las vías secundarias y terciarias.
Las cosas, sin embargo, no vienen funcionando de esta manera. El Gobierno Central sigue ejerciendo el control y manejo de toda la programación de las vías secundarias del país. Incluyó muchas de ellas en el llamado Plan 2500. Con frecuencia las anuncia y otorga en los consejos comunales con más aplausos que competencia para hacerlo. Y como si fuera poco, en el Presupuesto Nacional se vienen incluyendo partidas que con un claro tufillo clientelista buscan financiar obras de carácter departamental y municipal que deberían estarse asignando a nivel local.
Una manera de fortalecer la capacidad decisoria de los departamentos y municipios en el mantenimiento y construcción de vías secundarias y terciarias podría ser incrementar la participación que las entidades territoriales tienen sobre la tributación de los combustibles, en lo que normalmente se conoce como la sobretasa a la gasolina.
Durante la administración Pastrana se hizo un gran esfuerzo descentralizador al ceder a departamentos y municipios el 20 por ciento de la tributación sobre la gasolina. Este ha sido un bálsamo para las Finanzas Territoriales. Sin estos recursos no habrían podido cofinanciarse muchos proyectos de transporte masivo que hoy en día se adelantan en diversas capitales departamentales, ni obras de señalada importancia local.
Además, en Colombia existe una tributación relativamente alta sobre los combustibles. Cerca del 30 por ciento del precio que se paga por los combustibles en las bombas de gasolina son impuestos. Al subir permanentemente la base gravable con los incrementos periódicos del precio de los combustibles, el Gobierno ha encontrado una verdadera 'guaca' tributaria que beneficia más que todo al fisco central.
Son las entidades territoriales, por otra parte, las que están sufriendo el mayor impacto ambiental por el aumento de vehículos de toda índole que están destrozando las mallas viales y que, junto con el invierno, tienen en estado de emergencia a la red carretera terciaria y secundaria del país.
El Gobierno Central haría bien, entonces, en vez de seguir otorgándoles a cuenta gotas recursos del Presupuesto Nacional a los departamentos y municipios para mantener sus vías secundarias (tarea que no le corresponde y que va en contravía de los propósitos de la descentralización) en ceder, por ejemplo 30 puntos adicionales de la sobretasa a la gasolina, para que la reciban quienes están necesitando verdaderamente estos recursos, y quienes están sufriendo en carne propia el impacto ambiental por la explosión de vehículos que circulan por las calles y por las carreteras del país.
Esta sería una determinación fiscalmente irreprochable, que acercaría la distribución de las rentas nacionales a los propósitos descentralistas queridos por el Constituyente del 91 y que aminoraría el riesgo (que se está convirtiendo en práctica cotidiana) de utilizar la asignación de recursos para vías secundarias como una mortífera arma clientelista utilizada con habilidad por el Gobierno Central.
Y aún si se contrata con el aval del Gobierno Central un crédito con la Banca Multinacional para cofinanciar la construcción y el mantenimiento de la red terciaria y secundaria, una mayor participación de los departamentos y municipios en la tributación sobre los combustibles les permitirían contar con recursos adicionales para atender este crédito internacional, que finalmente quedaría a su cargo.