Si el Gobierno quisiera buscar la equidad en la carga tributaria haría mejor en recor- tar la frondosa enre- dadera de gabelas y de exenciones que ha otorgado en los impuestos directos de los más acaudalados.
Desde cuando a principios del siglo XX, Edwin R. Seligman (el gran profesor de finanzas públicas de la Universidad de Columbia, de quien fuera discípulo don Esteban Jaramillo), escribió su célebre libro Teoría de la repercusión y de la incidencia del impuesto, la pregunta -aparentemente paradójica- con que se titula este artículo ocupa un lugar fundamental en las discusiones serias de política fiscal en todo el mundo.
¿Quién paga a la postre los impuestos? ¿El que formalmente los cancela al fisco, o aquellos a quienes éste último los traslada? ¿Qué tributos pueden trasladarse más fácilmente? ¿Los indirectos como el IVA, o los de naturaleza directa como el impuesto a la renta?
La discusión es larga y apasionante. Pero un consenso académico relativamente extenso se ha abierto camino: los tributos indirectos los termina pagando el consumidor, así se le cobren formalmente al productor, pues éste último los repercute -vía incrementos de precios- sobre los primeros. Al paso, que los impuestos directos más difícilmente se trasladan a los consumidores. Aunque alguna parte también se termina repercutiendo sobre éstos últimos, cuando no hay mucha competencia en el mercado.
Es la misma discusión que ha planteado recientemente el presidente Chávez, sólo que de manera cantinflesca a propósito de la expropiación de los Almacenes Éxito en Venezuela. Chavéz pretende que una cadena comercial cuyos precios para reponer inventarios se han encarecido en cerca de 40 por ciento, como consecuencia de la inflación y de la devaluación del bolívar, no ajuste los precios. Es decir, que no trasladen los nuevos precios a los consumidores.
La discusión tiene ahora relevancia en Colombia con motivo del brusco incremento del IVA que se le ha aplicado a las cervezas, a los juegos de suerte y azar, y a los cigarrillos de producción nacional para financiar el desvencijado sistema de la seguridad social en salud.
¿Quién pagará estos nuevos gravámenes? Evidentemente los terminarán costeando los consumidores vía mayores precios: no los productores ni sus accionistas. Ya, inclusive, algunos de ellos han anunciado incrementos en los precios de sus productos como consecuencia de la escalada en el IVA que se decretó con la Emergencia Social.
Además, los nuevos tributos (sobre todo por la manera brusca como se decretaron los aumentos del IVA para estos productos de consumo masivo) van a incrementar los contrabandos. El cigarrillo y la cerveza de producción nacional son altamente sensibles a los precios internos. Y en el caso de los juegos de suerte y azar se fomentará la informalidad.
Si los impuestos al consumo aumentan abruptamente no necesariamente ello conduce a más recaudos tributarios: lo que puede acontecer -como seguramente sucederá en esta ocasión- es que se dispara el contrabando y la informalidad, que no pagan impuestos para la salud de ninguna índole ni genera empleo nacional.
Hay, pues, muchas fantasías en el difícil arte de gravar los bienes de consumo masivo: creyendo gravar a grandes empresas se termina trasladando la carga de los nuevos tributos sobre los hombros de los consumidores. Que normalmente son los más pobres. Con lo cual se llega a la paradoja de que la salud de los pobres la terminan subsidiando no poderosas empresas, sino segmentos de consumidores sin mucha capacidad de pago. Es decir, también pobres.
Si el Gobierno quisiera buscar la equidad en la carga tributaria haría mejor en recortar la frondosa enredadera de gabelas y de exenciones tributarias que ha otorgado en los impuestos directos de los más acaudalados. En vez de andar gravando desaforadamente bienes de consumo popular. Con lo cual, irremediablemente, termina recargando el peso de la tributación sobre los más desvalidos.
