Durante mi vida profesional, tanto en el sector público como el privado, con alguna frecuencia me he chocado con jefes que rechazan mis ideas porque tratan de cambiar el statu quo. Me tildan de iluso, y me explican por qué es mejor asumir retos que generen logros en el corto plazo, a pesar de que sacrifican valor en el largo plazo. Pero, también me ha tocado trabajar con unos pocos visionarios que privilegian retar el equilibrio del presente y asumir riesgos y costos para buscar un nuevo equilibrio mejor para la sociedad.
De eso se trata el acuerdo que nos presenta el gobierno del presidente Santos en el plebiscito del próximo 2 de octubre. Un acuerdo que reta un equilibrio precario que hemos alcanzado como sociedad y que nos propone, así nos genere algo de ansiedad e incertidumbre, comprometernos a trabajar por un mejor futuro, un futuro distinto, para nosotros y las generaciones que vienen.
En el agro nos acostumbramos a que, por décadas, la política sectorial se haya orientado más a proteger el statu quo que a abordar las causas estructurales que han mantenido nuestra productividad estancada. Las brechas económicas y sociales entre lo urbano y lo rural, la dependencia de importaciones masivas de alimentos para satisfacer nuestra demanda y la degradación ambiental en el medio rural no se resuelven sin una buena sacudida a la cancha actual.
El punto uno del acuerdo, llamado ‘Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral’, no propone nada del otro mundo. Al leer sus propuestas sin apasionamientos se presenta una receta clara de lo que hay que hacer y que, a pesar de ser lógica, no se ha llevado a la acción por privilegiar la calma chicha y el corto plazo.
La receta inicia por, finalmente, abordar la formalización de los predios rurales. Datos preliminares de la Upra, basados en información de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Igac, proyectan que el 54,31 por ciento de los predios rurales presuntamente son informales. Es decir, que por distintas causas no cuentan con un título válido registrado, lo que los tiene hoy por fuera del mercado.
Sin tener en cuenta territorios étnicos y algunos con restricciones ambientales, se trataría de aproximadamente 32 millones de hectáreas de propiedad privada sobre la que sus tenedores no tienen los incentivos para invertir en ellas y ponerlas a producir más, o venderlas a quien quiera aprovecharlas. El acuerdo plantea como meta formalizar, en los próximos diez años, siete millones de hectáreas de pequeños y medianos propietarios. Solo cumplir con esa meta destraba el nudo gordiano agrario en el que andamos.
Y a esa base se le adicionan el resto de ingredientes clave para cerrar las brechas: programas de desarrollo con enfoque territorial, partiendo de las regiones más marginadas, esfuerzos en infraestructura, en vivienda y en educación. Y, adicionalmente, la búsqueda del “incremento progresivo de la producción de alimentos”, resultantes del “acompañamiento técnico científico a los productores”, las inversiones en infraestructura productiva y los apoyos y subsidios orientados a generar ingresos.
Lo acordado entre el Gobierno y las Farc en lo agrario, por evidente que sea, nos moverá a un nuevo nivel que nos beneficiará como sociedad. Es un mandato para que lo urbano, donde están los votos, deje de darle la espalda a lo rural, y una linda oportunidad para que nuestro agro brille nuevamente.
Juan Lucas Restrepo I.
Director Ejecutivo Corpoica
@jlucasrestrepo
columnista
La calma chicha
El acuerdo de paz reta un equilibrio precario que hemos alcanzado como sociedad y que nos propone comprometernos a trabajar por un mejor futuro.
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Juan Lucas Restrepo Ibiza
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