El reciente paro cívico en el Chocó nos recordó a los colombianos la compleja situación que afrontan los pobladores de esa región. Una situación que no es ajena a varias zonas de frontera, que por condiciones geográficas no reciben la presencia del Estado, como sucede con el resto del país. Por supuesto que, como sucede en el Chocó, varios de estos departamentos padecen fenómenos como el narcotráfico, desplazamiento, corrupción y violencia con mayor intensidad que el resto del país.
Válidos resultan entonces los reclamos de esta área olvidada que quiere acueductos y vías para sus municipios o educación de calidad. Los habitantes piden justicia para los corruptos que impiden el aprovechamiento de las partidas presupuestales que llegan por cuenta de las transferencias generales de la Nación o de cooperación internacional. En términos generales, se trata de una jurisdicción que exige la presencia de oficinas de servicios públicos en su territorio y no en departamentos aledaños, oportunidades para su gente y el pago de una deuda social histórica por parte del Gobierno central.
Paradójicamente la pobreza por la que todos conocemos al Chocó (con 3.200 millones de dólares está entre los ocho con menor PIB) contrasta con su enorme riqueza. Desde las selvas del Darién hasta las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, en la frontera con Panamá, se encuentra el único departamento de Colombia con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Allí está la región que tiene la segunda mayor pluviosidad del planeta y, de alguna manera, comprende la mitad norte del litoral colombiano en el océano Pacífico. Sin duda, la mayor particularidad es la alegría y el empuje de su gente, pese a la adversidad.
No obstante a su baja densidad poblacional, los índices de violencia se mantienen altos. Aunque a lo largo de los 46.530 kilómetros cuadrados las Fuerzas Armadas cumplen una labor inmejorable para mantener el control del territorio y luchar contra las bandas que impulsan el narcotráfico, lo cierto es que la complejidad –por la ubicación–, la presencia de comunidades indígenas y el ejercicio de actividades ilegales como la minería, trazan un enorme desafío para la institucionalidad.
Hay cosas buenas, por supuesto. Las conexiones a internet han llegado antes de lo previsto, la cobertura educativa avanza y los diálogos entre Gobierno y comunidad se mantienen vigentes. Sin embargo, el Chocó no da espera para todo lo demás. La construcción de infraestructura, la oferta social de bienes y servicios básicos (agua potable, energía y presencia de las oficinas de las instituciones públicas), programas agresivos contra la desnutrición infantil y un verdadero impulso a la microempresa hacen parte de la receta necesaria. ¿Por qué no volver a pensar en un canal seco entre el Caribe y el Pacífico? ¿En que el Departamento sea socio de los proyectos de minería legal? Por soberanía, es hora de concentrar esfuerzos en las zonas de frontera y, particularmente, en el Chocó que reclama atención de todos los colombianos.
Ayuda para el Chocó
Válidos resultan entonces los reclamos de esta área olvidada que quiere acueductos y vías para sus municipios o educación de calidad.
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