Juan Manuel Ramirez M.
columnista

Corrupción en la agenda 2017

No es de extrañar que cuando salen a relucir casos de corrupción como Odebrecht y Reficar, el ciudadano pierda la fe en el Estado

Juan Manuel Ramirez M.
POR:
Juan Manuel Ramirez M.
enero 23 de 2017
2017-01-23 07:24 p.m.
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No se puede negar que el tema de la corrupción se puso de moda en Colombia, y será el problema que dará de qué hablar durante el 2017. Esta vez, a diferencia de años anteriores, en los cuales el conflicto con las Farc era el centro de atención, se mantendrá como titular de primera página.

Entre las razones, están la mayor capacidad de denuncia del ciudadano a través de las redes sociales, las investigaciones de medios independientes, fundamentalmente localizados en internet, el hecho de que ahora todos los soportes de las licitaciones y contratos sean de carácter público y la menor indiferencia de la población frente a este flagelo.

Pero no nos digamos mentiras, la lucha contra la corrupción no se trata exclusivamente de incrementar el número de denuncias, sino de acabar el problema de raíz. Y ahí sí que todos los ciudadanos tenemos la culpa. Cuando la gente irrespeta la fila, acude al amigo para saltarse el trámite, paga por adelantarse el turno, o acaba con cualquier indicio de meritocracia, está sembrando una semilla para favorecer la corrupción. Por supuesto, aquí el inconveniente es de educación, principios, ética profesional y de ejemplo desde el Estado mismo.

Y la justicia, como la ciudadanía, también es accionista del florecimiento del fenómeno. Las penas irrisorias, los beneficios de casa por cárcel, la desproporcionalidad influenciada por temas políticos y, en muchos casos, la incapacidad de demostrar la culpabilidad de los procesados –lo que conlleva al vencimiento de términos– hacen que se deslegitime el aparato judicial en la lucha contra la corrupción. De acuerdo con el Observatorio de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, de 1.850 sanciones que se dieron en el 2016 por corrupción, la mitad no pagaron cárcel, y de ese porcentaje restante, el 25 por ciento lo hizo en detención domiciliaria; como si esto fuera poco, las penas en promedio no superan los dos años de prisión.

No es de extrañar, entonces, que cuando salen a relucir casos de corrupción como el de Odebrecht, Reficar y los regionales (en Tolima, La Guajira, Chocó, etc.), por todos conocidos, el ciudadano pierda la fe en el Estado y, peor aún, justifique un mayor pago de impuestos, o crea en las inversiones que desde lo público se hacen como país. En la lucha contra la corrupción, el pueblo necesita creer que se están tomando verdaderas medidas con resultados concretos. Es decir, que sus recursos se están invirtiendo realmente en obras públicas, beneficios colectivos, mejor calidad de vida, programas sociales y no en comisiones para funcionarios o dádivas para unos pocos contratistas corruptos.

Desde la perspectiva esperanzadora, resulta un avance que Colombia pueda, por fin, reflexionar y tomar acciones eficientes contra este fenómeno. El día en el que erradiquemos la corrupción como sociedad y Estado, o por lo menos logremos reducir los índices hasta niveles de países desarrollados, seguramente seremos un país consciente, crítico, desarrollado, educado y cambiante. Construiremos esa civilidad que tanto aclamamos, pero de la cual debemos y merecemos hacer parte.

Juan Manuel Ramírez Montero
CEO de Innobrand / j@egonomista.com / @Juamon

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