Aunque la corrupción nos tiene sofocados, se requiere de un mayor compromiso de los ciudadanos frente a este fenómeno. Mientras la gran mayoría de los colombianos rechaza y está de acuerdo en que esta es la peor enfermedad que aqueja al país (incluso peor que la polarización política), hay un número no menos importante que es cómplice de esta problemática.
Resulta lamentable que los recursos destinados para la nutrición de los niños no estén llegando, que no alcance el dinero para la salud de los colombianos por a la sobrefacturación de los prestadores del servicio, que las obras públicas cuesten mucho más de lo que realmente deberían y, peor aún, que no se terminen. Y las elecciones se convirtieron en transacciones de corto plazo entre financiadores y candidatos. Y ahora los casos encontrados en la justicia, en los cuales, al parecer, magistrados habrían vendido sus fallos en reconocidos procesos de corrupción.
Al buscar en Google ‘corrupción en Colombia’, se encuentran tantas historias como hubiera arrojado el buscador en 1985 con la frase ‘narcotráfico en Colombia’. No se trata de un tema de gobierno, sino de país, y no es más grave que hace 8 años, pero sí más visible. Y, entonces, vienen las soluciones, porque el debate debe ser constructivo: ¿penas más severas para los corruptos? (en medio de la deslegitimización histórica que vive la justicia), ¿educación en las universidades? (con la débil meritocracia que hay en el país), ¿estandarización de los pliegos en los procesos de contratación? (con la presentación de uno o dos proponentes en promedio), o ¿acabar con la financiación privada de campañas? (que puede desembocar en una doble contabilidad electoral).
El panorama puede sonar pesimista, pero lo cierto es que la corrupción ha ahondado en la percepción y en la desconfianza de lo público. Muy oportuno para imponer en la agenda de los candidatos presidenciales. Con un fenómeno que está cobrando costos tan altos para el Estado, no se puede tener posiciones tibias o políticamente correctas. Se necesitan medidas de urgencia. Ahí es cuando la tecnología comenzará a transformar realidades y el futuro se vuelve esperanzador. Imagínense cuando el blockchain (tecnología sobre la que se soportan los bitcoins y que es inmodificable sin trazabilidad) garantice la transparencia de la información en licitaciones, información electoral, pagos desde el Gobierno Nacional –y ojalá los regionales–, trámites del Estado, procesos judiciales, etc. Se acabarán los negocios para los que, por tener privilegios sobre este tipo de procesos, se aprovechan del ciudadano.
Con la corrupción sucede lo mismo que con la inseguridad en las ciudades, cuando hay poca iluminación se incrementan los hurtos. Por eso el Estado requiere seguir avanzando en hacer públicos todos sus procesos y facilitar el control ciudadano. En un futuro inmediato, seremos todos los colombianos los que ayudemos a vigilar los recursos públicos.