La administración de Bogotá ha anunciado una reforma estructural del impuesto predial, que se fundamenta en dos principios básicos.
Para empezar, ha dicho que la liquidación del impuesto estará en función del avalúo catastral, sin considerar el estrato socioeconómico del inmueble.
Esta modificación es bienvenida. En términos de riqueza, una casa de 300 millones de pesos, ubicada en estrato 3, es igual a un apartamento de 300 millones de pesos, situado en estrato 5.
Es decir, como activo, los dos inmuebles son iguales y, por tanto, cada propietario, en cuestión tributaria, debe contribuir con lo mismo.
La segunda propuesta consiste en definir una única tabla de tarifas, que crecen en función del avalúo catastral.
Este cambio, también es bien recibido: quien es más rico, que tribute más en términos relativos. Esto es, en general, los principios de la reforma son correctos.
Sin embargo, la iniciativa que entregó Bogotá al Concejo presenta tres tipos de problema.
En primer lugar, la tabla define 20 rangos en cuyo primero están las viviendas con avalúos inferiores a 76 millones de pesos, y un último, para predios con avalúos superiores a los 218 millones de pesos.
Ello es, en promedio, por cada 7 millones de pesos se varía la tarifa, sin que dicha cifra represente una diferencia significativa en términos de riqueza, que justifique una tarifa diferencial. En general, los rangos deberían ser más amplios, con un gradiente definido en función de algún criterio económico.
En segundo lugar, en el último segmento –avalúos superiores a 218 millones de pesos– se mezclan hogares que presentan marcadas diferencias en términos socioeconómicos.
En este rango tendríamos, pagando la misma tarifa, familias de clase media que con mucho esfuerzo compran un apartamento, digamos de 275 millones de pesos, y hogares acomodados que compran inmuebles de más de 500 millones de pesos, de los cuales se venden al año más de 2 mil unidades.
La equidad vertical del proyecto de reforma quedaría cuestionada.
Por último, el incremento propuesto en las tarifas parece exagerado. Durante el periodo 2008-2010, la tarifa implícita del predial en Bogotá se ubicó, en promedio, en 0,58 por ciento.
Con el proyecto de reforma, para las viviendas más económicas se propone una tarifa de 0,6 por ciento, ya superior al promedio histórico; para las viviendas con un avalúo de 154 millones de pesos se propone una tarifa de 1 por ciento –hoy, la tarifa máxima es de 0,95 por ciento–, y para los avalúos superiores a 218 millones de pesos, se propone una tarifa de 1,6 por ciento, es decir, 2,6 veces la tarifa implícita observada.
Alta en términos comparativos a nivel internacional y peligrosa para el normal desarrollo del mercado inmobiliario de la ciudad.
Con ajustes, relativamente importantes, bienvenida la reforma.
Julio Miguel Silva
Economista