Para hoy está programado en la población caucana de Toribío un Consejo de Ministros que tiene un inmenso valor simbólico.

Sin lugar a dudas, es la demostración de que al alto Gobierno, con el Presidente de la República a la cabeza, no le tiembla la voluntad a la hora de ir a una zona con graves problemas de orden público, la misma que las Farc han castigado repetidamente a punta de ‘tatucos’ y cilindros bomba, dejando una notoria estela de sangre y dolor entre la población civil.

El mensaje de que el mandatario puede hacerse presente en el municipio también es importante para los líderes indígenas que desean sacar de su territorio a la Fuerza Pública y la guerrilla.

Dicha estrategia debe ser respondida con más y no menos presencia del Estado, como resultado de un programa de cooperación y desarrollo.

En resumen, más diálogo concertado y menos razones de fuerza, sin desconocer que no puede haber territorios vedados para los uniformados.

Ver al jefe supremo de las fuerzas del orden en una zona golpeada por la violencia es igualmente alentador para los colombianos. Significa que hay capacidad de reacción y ánimo de tomar el toro por los cuernos en un tema que a la ciudadanía le resulta muy sensible.

Cuando se miran las encuestas más recientes, salta a la vista que hay preocupación por el deterioro de la seguridad, algo que sin duda le ha pasado su cuenta de cobro a la popularidad presidencial.

Hechas esas consideraciones, vale la pena detenerse en las cifras.

Un examen de la información disponible muestra que, en contra de lo que se pudiera creer, hay avances importantes en múltiples frentes.

Por ejemplo, según datos del Ministerio de Defensa, entre enero y mayo del 2012, los homicidios disminuyeron 8 por ciento en Colombia, mientras que el secuestro extorsivo lo hizo en 29 por ciento, en comparación con igual periodo del año pasado.

En lo que hace a delitos contra el patrimonio económico, el robo de automotores descendió en 14 por ciento, mientras el hurto a residencias lo hizo en 17 por ciento y la piratería terrestre en 22 por ciento.

Incluso, la extorsión, que al decir de más de un empresario pareciera estar al alza, registra una baja del 1 por ciento, de acuerdo con las propias estadísticas oficiales.

¿Dónde están los problemas?

En lo que se conoce como la seguridad pública. Así, las acciones terroristas han subido 53 por ciento hasta mayo, mientras la voladura de oleoductos saltó 172 por ciento.

Por su parte, los ataques a instalaciones crecieron 125 por ciento, mientras que los hostigamientos subieron 44 por ciento y las emboscadas 100 por ciento.

También aumentaron los contactos armados y los retenes ilegales, con lo cual es evidente que el accionar de la guerrilla es mucho más intenso ahora.

Buena parte de tal ofensiva ha golpeado a la Policía. Los uniformados de dicho cuerpo que han sido asesinados tuvieron un incremento del 24 por ciento, en tanto que en el caso de las Fuerzas Militares se ha visto una reducción del 6 por ciento.

Todo lo anterior da un claro panorama sobre dónde están las dificultades y quiénes están sintiendo la presión de las hostilidades. Es de esperar que la estrategia de la Fuerza Pública, ante el evidente giro en los ataques, tenga un reacomodo que desemboque en un retorno de la tranquilidad en los territorios más afectados.

Al tiempo que ello ocurre, no se pueden desatender las áreas en las que han tenido lugar los avances.

En otras palabras, lo que está funcionando bien en las ciudades que han conseguido disminuir sus índices de criminalidad debe preservarse.

Solo así, a partir de los casos de éxito, una de las piedras angulares de la política de prosperidad democrática dejará de ser atacada.

Y, de paso, no se convertirá en caballito de batalla cuando comience en forma la época electoral, cuyas primeras escaramuzas ya arrancaron.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co