Pocos fueron los que auguraron que la recién finalizada Cumbre de Río de Janeiro sobre Desarrollo Sostenible pudiese llegar a ser un éxito.

Pero resulta necesario entender lo que podrían ser sus positivas proyecciones en el contexto de modestos resultados.

Y es que el telón de fondo de Río+20 no fue nada favorable.

En primer término, gravitó el fracaso en la lucha contra el cambio climático (el principal tratado firmado en 1992), determinado por la falta de decisión política de la Cumbre de Cambio Climático en Copenhague en 2009, situación que, de conformidad con la ciencia, conducirá a escenarios de calentamiento global en el curso del siglo, con graves riesgos para el bienestar humano y la salud ecológica del planeta.

En segundo lugar, la cita se desarrolló en un contexto marcado por la crisis económica en la Unión Europea y en vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en cuyo electorado el tema ambiental ha perdido prioridad.

En este marco tan negativo, se logró adoptar la concepción de la economía verde, a la par que ratificar los acuerdos firmados hace dos décadas.

En la Cumbre se acordó, también, fortalecer la institucionalidad ambiental de las Naciones Unidas y se fijó un promisorio mandato para establecer en los próximos dos años un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, una iniciativa que con tino promovió la delegación colombiana.

Con la economía verde, se renueva y vigoriza la concepción del desarrollo sostenible y se ofrecen oportunidades a todos los sectores de la producción y los servicios para adelantar su actividad en forma tal que esta sea a la vez de alta productividad y competitividad, con claros dividendos sociales y ambientales.

Si bien frente a la propuesta hubo voces disidentes, el concepto y su práctica está encontrando creciente aceptación por parte de un amplio número de ramos.

Mientras los gobiernos concluían los modestos acuerdos logrados, miles de empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, cientos de administraciones regionales y locales, centros de la ciencia y la tecnología, la banca multilateral y las agencias de cooperación internacional, representadas al más alto nivel, se reunían en foros y seminarios. Todo para intercambiar experiencias sobre lo que han logrado y lo que planean en materia de desarrollo sostenible para el futuro.

Se trató de un extraordinario evento -sin antecedentes y no suficientemente publicitado por los medios, que estuvieron más obsesionados por las negociaciones- en el cual se pudo constatar que estos veinte años no han sido en vano.

Lo anterior, sin desconocer la brecha que existe entre lo logrado y lo requerido, si se quiere colocar al mundo en un escenario de seguridad ambiental de conformidad con los dictámenes de la ciencia, y hacerlo más equitativo en lo social.

No pocas fueron las empresas privadas que ratificaron su compromiso con la economía verde, por considerarla no solamente como una vía hacia la responsabilidad social corporativa, sino también como la única forma de hacer negocios perdurables y rentables en el nuevo siglo.

Y, tan relevante como paradójico, fueron muchos los señalamientos hechos por el sector privado sobre la falta de voluntad política de los gobiernos para llegar a los acuerdos que se requieren si se desea poner al plantea en la senda de la sostenibilidad ambiental.

Se envió el mensaje de que hay que crear las condiciones para instalar en forma vigorosa la concepción de la economía verde en los más diversos ámbitos productivos, y para poner en línea a aquella miríada de empresas que continúan indiferentes a sus responsabilidades.

En otras palabras, en Río+20 fueron muchos los actores que estuvieron varios pasos más adelante que los gobiernos nacionales y las Naciones Unidas, un asunto que tiene una faz positiva, pero también otra llena de incertidumbres sobre el futuro, en virtud del irrenunciable papel que les cabe a estos en la resolución de los crecientes problemas ambientales globales y la erradicación de la pobreza.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co