La retórica antiyanqui de los gobiernos de izquierda de la región ha generado que “La Guerra contra las Drogas”, promulgada durante la administración de Nixon que ha marcado las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica.

Para ellos, EE. UU. es culpable de todos los problemas en la región y, por eso, promueven la creencia de que la legalización de la droga va a acabar con la delincuencia organizada y los altos índices de violencia asociados a esta.

En Latinoamérica se ha vendido la idea de que todos los casos de violencia en la región son por culpa del consumo desmesurado de sustancias psicotrópicas por parte de los ciudadanos del país del norte, y el tráfico de armas desde EE. UU. hacia el sur.

Existe una corresponsabilidad de ese país en el fenómeno del narcotráfico.

Pero es necesario ser autocríticos de nuestra propia conducta para poder encontrar soluciones reales.

La violencia y los altos índices de criminalidad han venido marcando los países de la región desde mucho antes del boom del narcotráfico y, por causas muchas, veces políticas, sociales y de otra índole, que seguro no desparecerán con la legalización de la droga.

El desarrollo del narcotráfico, en sus inicios sí estuvo asociado al consumo de drogas en los setentas y ochentas por EE.UU. y algunos otros países desarrollados en Europa.

Sin embargo, este panorama ha venido cambiando en los últimos años y hoy en día el consumo está creciendo desmesuradamente en países de Centro y Suramérica, el Caribe, así como en muchos otros mercados asiáticos y de Europa del Este.

La razón es que los carteles de la droga pagan los servicios logísticos y de almacenamiento con droga, y ese producto está quedando para la venta en los países de tránsito, incrementando el consumo interno.

Es cierto que este fenómeno ha aumentado la violencia en el continente y que las pandillas juveniles se han convertido en grupos de delincuencia organizada.

Tampoco se puede negar que el narcotráfico financia de una manera u otra el tráfico de armas y la violencia entre grupos de delincuencia organizada, y que la política de la interdicción, extinción y extradición promovida por los Estados Unidos no ha logrado disminuir la fabricación de la droga en países productores ni el precio de la misma en los mercados consumidores.

Ahora bien, caer en el facilismo de argumentar que legalizando la droga o despenalizando el uso de la marihuana, como lo vienen promoviendo los expresidentes Zedillo, Cardoso y Gaviria, la violencia asociada a la delincuencia organizada va a disminuir o desaparecer es una falacia.

Es por esto que es importante dividir la discusión. Una arista es revisar o promulgar una nueva política que permita disminuir el narcotráfico y el uso de substancias psicotrópicas en el mundo; y otra, muy diferente, es la necesidad de países como Colombia y México de combatir la delincuencia organizada en su territorio.

En el análisis de seguro se deben incluir temas de salud, educación, composición familia, oportunidades laborales, impuestos, etc; pero un tema no se puede confundir con el otro.

No hay una solución mágica o única al problema del narcotráfico y la violencia asociada a la delincuencia organizada.

Como se hizo en Colombia, los empresarios van a tener que contribuir con impuestos para financiar los esfuerzos del Estado para combatir este tipo de flagelos.

Lo que no se puede permitir es que, con una retórica pasada de moda, se disminuya la capacidad del Estado para combatir los diferentes flagelos de violencia que tanto daño nos han hecho en el pasado, y que espantan el desarrollo económico y la inversión extranjera.

COMPORTAMIENTO DE LOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY

Si se analiza un cartel como las FARC, se evidencia que el narcotráfico es una fuente más de financiamiento, más no un fin en sí mismo.

La muestra es que en la medida en la que se les afecta su participación en el negocio del narcotráfico, otros índices criminales aumentan como puede el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, etc.

Andrés Otero
Director de Kroll para América Latina