Hay que considerar las inversiones que no llegan al país ante falta de garantías o lentitud en las decisiones.

Si existía alguna duda en Colombia de que el país tiene un lío descomunal en lo que hace a su aparato de Justicia, esta quedó superada en la noche del lunes.

Así lo dejó en claro la determinación del Consejo de Estado, que en un voto sorpresivo dejó sin efecto la elección de Viviane Morales como Fiscal General de la Nación. Ahora el ente investigador vuelve a una inconveniente etapa de interinidad, lo cual llevará al descarrilamiento de unos procesos, la postergación de otros y la invaluable pérdida de tiempo en el esclarecimiento de unos cuantos más.

Cualquier organización, sea pública o privada, necesita una cabeza en propiedad para poder funcionar en forma correcta. No es necesario ser un conocedor de las ciencias de la administración para concluir que una institución se ve afectada en su desempeño si existe una rotación muy alta de sus directivas. En el caso de la Fiscalía, cuando se cuentan al próximo encargado de la entidad y a quien termine el periodo de cuatro años que concluiría en julio del 2013, se completarían cuatro titulares.

Cada uno, con su estilo y sus prioridades, habrá intervenido en el desempeño de una organización que tiene un presupuesto de 1,86 billones de pesos y una planta cercana a las 25.000 personas.

Más allá de calificar una decisión que es compartida por unos y atacada por otros, lo más sorprendente de todo es el macondiano tropezón de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento decidió modificar su reglamento interno, permitiendo la elección de Morales. Dicha determinación fue la que acabó siendo derrotada por un estudiante de derecho entrado en años que, sin haber completado las materias necesarias para graduarse, resultó tener argumentos más sólidos que un puñado de magistrados con una larga trayectoria en la rama judicial.

Para completar el absurdo, será ese mismo tribunal el encargado de escoger al nuevo Fiscal de la terna que le presente el Ejecutivo. Sólo queda esperar que en esta ocasión no vuelvan a surgir tesis absurdas como la de la inviabilidad del abanico propuesto o que la ciudadanía asista al deprimente espectáculo de las votaciones en las que ningún nombre obtiene la mayoría necesaria.

Lo ocurrido no hace más que ahondar la crisis en la que se encuentra la Justicia en Colombia. En medio de los problemas de violencia que tiene el país, alimentados por las bandas de narcotraficantes de izquierda y derecha y con el cáncer de la corrupción extendiéndose a los entes de orden local y regional, una Fiscalía que sea menos eficiente en su labor o que no tenga la legitimidad necesaria, sólo beneficia a los criminales.

Mientras eso ocurre, la reforma constitucional a la Justicia, que está a punto de comenzar su vuelta definitiva en el Congreso, se enfrenta a la oposición de las altas cortes. Es cierto que la propuesta es incompleta y tiene fallas protuberantes, pero aun así el escenario que se plantea es mejor que el actual, en donde prima la lentitud en las decisiones y prospera la impunidad.

La pregunta, entonces, es si será posible hacerle una cirugía mayor a la rama del poder público que peor funciona y más cojea. La misma que se considera intocable y tiende a culpar a los demás de sus errores. La respuesta, lamentablemente, no es alentadora sobre todo cuando las cortes le mostraron los dientes a la Casa de Nariño, a pesar de los intentos de esta de abrir espacios de diálogo.

El escenario de seguir en las mismas le puede salir muy costoso a Colombia. Aparte de que una justicia que no opere bien debilita a las instituciones democráticas, hay que considerar el tema de las inversiones que no llegan ante la falta de garantías o la lentitud en las decisiones. El país, no está de más recordarlo, tiene más de un millón de procesos atrasados, mientras que un juicio ejecutivo tarda cuatro años en promedio. La posibilidad de que esos temas se resuelvan continúa en un largo receso.

RICARDO ÁVILA PINTO
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