Existe una lucha contra personas empeñadas en torpedear la meta de subir los ingresos fiscales.

El miércoles pasado, y para utilizar parte del título de la película que lanzó a Pedro Almodóvar a la fama fuera de España, el Ministro de Hacienda estaba al borde de un ataque de nervios. Así lo constataron quienes asistieron al seminario que organizaron Anif y Fedesarrollo en el hotel Tequendama de Bogotá, con el fin de darle un repaso a las cifras de la economía colombiana. 

Y es que aparte de hacer su presentación en la que envió un mensaje de optimismo sobre la situación del país, Juan Carlos Echeverry tuvo palabras duras con el auditorio. Tras levantar el dedo índice sostuvo que “resulta que de manera sospechosísima alguien que está en esta mesa o en este salón (…) le pagó a alguien para que un funcionario no pusiera a trabajar la imprenta y no la subiera a Internet”. 

La frase en cuestión estaba relacionada con varias demandas interpuestas ante la Corte Constitucional que pusieron en peligro la entrada en vigencia de la reforma tributaria del 2010. Como es sabido, el texto de la medida que debía haber sido publicada antes del 31 de diciembre de ese año apareció en el diario oficial solamente hasta el 4 de enero siguiente. De haber triunfado la tesis de quienes pensaban que ese atraso de pocos días prorrogaba por 12 meses los descuentos por reinversión de activos y dejaba en el aire el impuesto al patrimonio, el costo para el fisco habría sido de unos siete billones de pesos, casi un 8 por ciento de los recaudos del 2011.

Afortunadamente, el alto tribunal zanjó la discusión al decir que lo importante era la fecha de promulgación de la ley (el 29 de diciembre de 2010), con lo cual la emergencia quedó superada. Aparte de apagar las alarmas, la Dian ya no tendrá que empezar un complejo proceso de reliquidaciones y devoluciones que habría sido muy pernicioso.

No obstante, las denuncias de Echeverry quedaron en el ambiente. Más allá de las investigaciones que sobre los empleados de la Imprenta Nacional deba hacer la Procuraduría General, el mensaje es que existe una lucha, a veces abierta y otras soterrada, por parte de personas empeñadas en torpedear los propósitos de subir los ingresos fiscales. De lo dicho por el Ministro se desprende que tales objetivos incluyen el uso de mecanismos ilícitos que llegarían a una audacia pocas veces vista en Colombia.

Semejante acusación tiene un gran peso específico, cuando se tiene en cuenta que el Gobierno ha anunciado la pronta presentación ante el Congreso de una nueva propuesta tributaria que, más que subir los ingresos, busca redistribuir las cargas y hacer más transparentes las normas actuales. Si bien no se conocen los detalles de la iniciativa, el Ejecutivo ha indicado que esta tendría cerca de 900 artículos, lo cual hará particularmente compleja una discusión que nunca es fácil.

En medio de semejante maraña, incluir un parágrafo o borrar un inciso puede ser incluso más sencillo que en condiciones normales, cuando el pupitrazo se acaba imponiendo y en la comisión de conciliación de Cámara y Senado se hacen ajustes de última hora. Pero el panorama se hace aún más oscuro ahora que se insinúa que hay gente que más que un favor de un congresista amigo, busca una contraprestación a cambio de dinero.

Los peligros que se ciernen sobre la reforma no pueden constituir una justificación para no presentarla o debatirla. En cambio son un aviso en el sentido de que sus defensores deben llegar al Capitolio con todas las alertas puestas, pues los peligros acechan. También la Casa de Nariño deberá ejercer su capacidad de convocatoria para tener a los parlamentarios que integran la unidad nacional con la rienda corta, sin olvidar aquel refrán que sostiene que “no hay cuña que más apriete, que la del mismo palo”. Quienes impulsan las gabelas tributarias acaban de perder una batalla en la Corte Constitucional, pero más de uno tratará de voltear las cartas a su favor, ahora que comienza la verdadera guerra.

RICARDO ÁVILA PINTO

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