No ha sido bueno el comienzo del año para la actividad edificadora en Colombia.

En el primer trimestre del 2012, la solicitud de licencias de construcción tuvo una caída del 22 por ciento, después de varios periodos de auge. Si bien existen todavía un buen número de iniciativas en marcha, suena inquietante que una actividad que venía bien –y que es clave para la generación de empleo y varios encadenamientos productivos– empiece a mostrar síntomas de agotamiento.

El parte es particularmente grave en Bogotá, que tiene el peso más grande en el agregado nacional.

En lo que hace a la capital, el desplome ha sido significativo, sobre todo en el segmento de la vivienda, en el que la reducción hasta marzo fue del 56 por ciento. Si se miran los datos en unidades, relativos a lanzamiento de proyectos, iniciaciones de obras, ventas y nuevas ofertas, el balance también es preocupante.

Peor aún, las cifras mes a mes hacen pensar que el frenazo en la capital ha sido particularmente fuerte en los últimos meses.

Aunque para explicarlo existen diferentes teorías que van desde la crisis económica global, hasta el agotamiento de la partida que existía para subsidios gubernamentales a la tasa de interés, los conocedores del tema sostienen que la gran culpa recae en las señales contradictorias enviadas por la administración de Gustavo Petro.

Como es bien conocido, el actual inquilino del Palacio Liévano es un convencido de la necesidad de impulsar una mayor densificación de la ciudad. Bajo ese punto de vista, hace más lógica utilizar la infraestructura urbana existente para que el desarrollo inmobiliario tenga lugar donde ya existen calles y servicios públicos, que en zonas apartadas.

De tal manera, el burgomaestre se ha comprometido a la construcción de 70.000 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) –con precio inferior a los 40 millones de pesos– de las cuales la mitad se harían en lo que se conoce como el centro ampliado.

Semejante propósito es loable.

Resulta imposible oponerse a una idea que trae implícito un propósito de renovación y de equidad, cuya concreción beneficiaría a un inmenso número de familias de menores ingresos.

El problema es que mientras promueve esa política, el Alcalde ha decidido ponerle presión a otras iniciativas en marcha.

De tal manera, el servicio de acueducto y la conexión a las redes de alcantarillado han sido utilizados como un mecanismo particularmente efectivo para bloquear proyectos, sobre todo en el norte de la ciudad. Sin una garantía firme en ese sentido, no hay constructor serio que decida comenzar una obra, lo cual pone en entredicho una zona en la que se podrían hacer 71.000 viviendas en los próximos años.

Como si lo anterior fuera poco, un artículo del recién aprobado Plan de Desarrollo exige que un porcentaje de hasta el 30 por ciento de cualquier edificación nueva se destine a VIP.

Existe la opción de que el promotor de la misma pague una suma que iría a un fondo distrital, pero dicha exigencia incrementa sustancialmente el costo de cualquier emprendimiento.

Para completar el panorama, hay que mencionar el suministro de agua en bloque a los municipios de la Sabana, que tiene en entredicho unas 170.000 viviendas. A pesar de que en sus declaraciones más recientes Petro ha dicho que varios macroproyectos de vivienda popular no tienen nada que temer y que en otros casos la Empresa de Acueducto de Bogotá podría hacer directamente la labor de facturación, es indudable que las señales no son las más indicadas.

Debido a ello, se ha producido un enfriamiento notorio, en un motor clave para la actividad regional.

Pero sin duda lo más grave es que el Alcalde puede quedarse con el pecado y sin el género.

De tal manera, si los planes de revitalización del centro se demoran, lo que pasará es que el déficit de vivienda será mucho mayor que el actual, mientras los precios aumentan debido a la estrechez de la oferta, con lo cual quienes pagarán los platos rotos serán, tristemente, los más pobres.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co