Un oscuro parágrafo, refundido en uno de los artículos que el año pasado le dio origen al Plan de Desarrollo, se ha convertido en la más reciente herramienta gubernamental para frenar el contrabando.

Como es bien sabido este flagelo es una de las principales expresiones de la ilegalidad en Colombia, pues no sólo afecta a las arcas públicas, sino que tiene relación con el lavado de dólares y el narcotráfico.

Con el fin de combatir dicho azote, el Ejecutivo impulsó, en la ley mencionada, la creación del Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (Sunir), cuya estrategia fue aprobada por el Conpes la semana pasada.

Esta consiste en la puesta en marcha de un método que permita el control eficiente de la circulación de productos sujetos al impuesto al consumo, que pagan las cervezas, los vinos, los licores y los cigarrillos.

Cerrar el boquete es fundamental, ya que la evasión no sólo golpea los ingresos públicos a nivel nacional, debido a que no se cancelan los correspondientes aranceles e IVA, sino también a los departamentales ante el no pago de la estampilla, cuyos recaudos soportan el sistema de salud.

Aparte de lo anterior, hay un elemento de salubridad importante, pues es necesario combatir la adulteración de bebidas alcohólicas.

En el 2011 se presentaron 351 casos de intoxicación por metanol que dejaron siete personas muertas.

¿Cuál es el costo fiscal del contrabando? Según la Dian, en el 2010 ingresaron ilegalmente al país 21,9 millones de botellas de diversos licores, de las cuales casi 6 millones correspondían a vino y 11,6 millones a whisky, lo que representa 4,9 veces las importaciones legales de este último.

En lo que atañe a los cigarrillos, habrían llegado subrepticiamente 23 millones de cajetillas de 20 unidades, mientras que en cerveza el total habría sido de 26,7 millones de litros en el 2009, sin que existan datos para el año siguiente. Para la entidad gubernamental, la evasión habría ascendido a 158 millones de dólares, si bien no falta quienes piensan que la cifra sería más elevada.

Aunque suene difícil de creer, ponerle un torniquete a esa vena rota es menos difícil de lo que se supone, si el Estado actúa coordinadamente.

De tal manera, el objetivo central del Sunir consiste en tener estándares comunes de clasificación, interpretación y consolidación de la información, hoy desperdigada en 32 departamentos, el Distrito Capital y la Dian.

Una vez hecha esa labor, se puede hacer el registro en línea por producto, facilitar las labores de recaudo y fiscalización y disminuir los costos de administración.

De tal manera, en la medida en que cada botella o caja de cigarrillos tenga una marcación física e irrepetible, mediante un elemento adherido o impreso directamente en el bien, será mucho más sencillo hacerle seguimiento mediante lectores habilitados para tal fin.

El avance de la tecnología permitirá la verificación del origen y la autenticidad en forma inmediata.

Poner en práctica tales propósitos tomará algún tiempo.

Así, en los próximos cuatro meses se trabajará en la redacción y el pulimiento de un decreto reglamentario que especificará procedimientos y responsabilidades.

A partir de ese momento empezará el diseño y puesta en marcha del sistema, con la meta de que esté listo a finales del 2014. El costo del programa está calculado en 252.000 millones de pesos que saldrían del presupuesto de la Dian, aunque eventualmente su administración sería cofinanciada por los demás actores.

Lo anterior quiere decir que pasará un buen número de meses para que el Sunir convenza a los escépticos de que darle un golpe de gracia al contrabando en Colombia es posible.

Por tal motivo, habrá que estar atentos para que la iniciativa no se descarrile ni naufrague, pues la recompensa será cuantiosa, no sólo en dinero, sino en lo que tiene que ver con el respeto a la ley y el cumplimiento de las normas.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co