Louis Kleyn
análisis

Un acuerdo inconveniente

Invitar al seno de nuestra democracia a quienes no creen en las reglas del juego y tienen una propensión al uso de la violencia, es un error magno.

Louis Kleyn
Opinión
POR:
Louis Kleyn
septiembre 05 de 2016
2016-09-05 07:44 p.m.
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Después de estos largos cuatro años, el equipo negociador del gobierno ha regresado a casa con un acuerdo con los jefes de las Farc. Esta organización ha constituido un problema de seguridad en diversas zonas del país desde su origen en años los 60; pero, con especial relevancia a partir los 90, cuando se fortalecieron, gracias al negocio de la cocaína. El ‘problema Farc’ y la búsqueda de su solución ha estado en la mira de todos los gobiernos desde el de Belisario Betancur.

Los preliminares de las conversaciones no fueron auspiciadores. El comportamiento cruel de las Farc con secuestrados y soldados emboscados, todavía estaba y continúa fresco. El patrocinio del gobierno cubano, abiertamente antidemocrático y contrario a la libertad de expresión, donde persiste el mito oficial según el cual un pequeño de grupo de hombres voluntariosos, barbudos y vestidos de verde, bajaron de las montañas y cambiaron el rumbo de su sociedad, tampoco pareció prometedor. Y, para darle mayor trascendencia al momento ‘histórico’ y justificar los sacrificios que vendrán, el gobierno se dedicó a agrandar el ‘problema Farc’, hablando de “52 años de guerra” y endilgándole al conflicto con este grupo decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados, que en realidad han sido consecuencia de la violencia con múltiples orígenes.

Los negociadores del gobierno, ilustrados políticos profesionales y educados literatos, no parecieron contrincantes válidos para los líderes guerrilleros, forjados en la adversidad, inescrupulosos y astutos, poseedores de extraordinarias personalidades que les permitieron progresar y triunfar dentro de una organización violenta, marginada de la ley. Los negociadores de las Farc, con sangre fría, estuvieron dispuestos a alargar las conversaciones sin límite de tiempo, hasta quebrar la paciencia del gobierno y de sus negociadores, que, en cambio, sentían cómo malgastaban su vida en La Habana.

Cuando los diálogos superaron el tiempo que hubiese podido ser considerado suficiente, por ejemplo seis meses, se entendió que el asunto evolucionaba mal para el Gobierno y que las Farc no cederían a sus pretensiones ni aceptarían los objetivos mínimos que buscaba el presidente. El resultado final fue un acuerdo que, por sus alcances, es casi inverosímil.

De un lado, están los temas concretos, imposibles de aceptar en una democracia: las diez curules automáticas en el Congreso hasta el 2026, sumadas a las 16 por circunscripción especial, la gran financiación del Estado para su sostenimiento, difusión política y acceso a medios masivos de comunicación, y el perdón a todos sus crímenes.

El problema de estos privilegios para con comprobados criminales es que el país percibirá una enorme injusticia. La gran masa de población trabajadora que se esfuerza diariamente por uno, dos o tres salarios mínimos. Los grupos que recientemente han liderado protestas pacíficas buscando modestos incrementos en sus ingresos, como los camioneros, los agricultores, los maestros, etc. Los presos por delitos menores, raponeros, atracadores de celulares. Y hasta los mismos asesinos y delincuentes de cuello blanco, cuyos graves delitos son, en todo caso, muy inferiores a los de los guerrilleros. Un sistema de justicia debe guardar alguna proporcionalidad. El trato de unos a otros no puede diferir radicalmente, pues, entonces, el sistema completo se desmoronara.

De otro lado, están los temas más ‘abstractos’, como la categoría ‘constitucional’ de los acuerdos, su incomprensible y caprichosa normativa y la preeminencia que la llamada ‘Justicia Transicional’ pueda tener sobre la justicia ordinaria. Así como los numerosos compromisos del gobierno para distribuir tres millones de hectáreas, y demás. Todo esto generará una gran incertidumbre jurídica, en una institucionalidad ya caótica y colapsada. Y también dará excusas posibles a las Farc para decir que ‘el Estado’ incumplió el acuerdo.

Invitar al seno de nuestra frágil, pero, en todo caso, funcional democracia a quienes no creen en las reglas del juego y tienen una propensión al uso de la violencia y la intimidación, junto con una portentosa ‘fuerza de la voluntad’, es un error magno. Los patrones de comportamiento individual no varían sustancialmente a través de una vida.
Por ejemplo, el historial crediticio de una persona es el mejor predictor de su comportamiento futuro. Los jefes guerrilleros no van a ‘volver a nacer’ cuando sean congresistas. Rafael Caldera, egregio representante de la tradicional clase educada venezolana indultó generosamente al teniente Hugo Chávez, quien, aprovechando la democracia que despreciaba y que había tratado de asaltar con el golpe de estado, consiguió hacerse presidente pocos años más tarde para luego permanecer indefinidamente. Al cabo Adolfo Hitler, quien trató de imponerse por la fuerza, lo indultó un progresista gobierno socialista, y, el muy aristócrata general von Hindenburg, le abrió las puertas de la cancillería, que él aprovechó para cerrar definitivamente las de la democracia.

El presidente Santos, quien ha invertido un enorme esfuerzo personal en resolver el ‘problema Farc’, y quien hace eco de un deseo de la gran mayoría de colombianos de desarmarlos y contribuir a disminuir la violencia, podría tomar una postura neutra frente al plebiscito. Si el electorado colombiano en uso de su legítimo derecho democrático rechaza el acuerdo, el Gobierno tendría un claro mandato para renegociar.
Desafortunadamente, ese no ha sido el planteamiento.

Entonces, ahora nos abocamos a una extraña disyuntiva. Votamos para que las Farc entren al Congreso hasta el 2026 o, de acuerdo al expresidente Gaviria, convertido por fuerza de las circunstancias en vocero de las Farc, estas descargarán toda su furia sobre el campo y las ciudades colombianas. ¿Triunfa la extorsión?

Louis Kleyn
Consultor empresarial

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