Luis Alberto Zuleta J.
análisis

El agro y la paz

Al acercarse un acuerdo final, el tema del agro se vuelve crucial y requiere mayor claridad.

Luis Alberto Zuleta J.
Opinión
POR:
Luis Alberto Zuleta J.
julio 21 de 2016
2016-07-21 08:13 p.m.
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Buena parte del país ha venido celebrando con optimismo la promesa solemne de las Farc sobre la dejación de las armas. Al acercarse un acuerdo final, el tema del agro se vuelve crucial y requiere mayor claridad. Otra razón fundamental consiste en que la conclusión en el año 2014 de la bonanza minero-energética le exige al país mayor celeridad en su transformación productiva en la industria y en el agro.

Es conveniente recordar que pese a la pérdida de dinamismo del sector agrícola colombiano dentro del PIB, este sigue siendo muy importante en términos del tamaño de la población agrícola y rural (más de 11 millones de habitantes), generación de empleo (cerca de tres millones de personas) y de exportaciones (cerca de cuatro millones de toneladas).

La producción agrícola colombiana es diversificada por cuanto va dirigida a alimentar tanto al mercado interno como el internacional. Pese a que han venido creciendo las importaciones, la posibilidad de sustitución de algunos productos que pueden ser eficientemente producidos en el país también es importante. En la última década, la agricultura colombiana tuvo una recomposición entre productos de ciclo corto (transitorios) y actividades de ciclo largo (permanentes), impulsados en parte por los tratados de libre comercio.

A pesar de las amenazas de los fenómenos climáticos y la necesidad de profundizar la conservación del medio ambiente, el país tiene un alto potencial de crecimiento para abastecer el mercado interno y aumentar la participación en el mercado externo.
Es importante resaltar que en Colombia coexisten una amplia agricultura familiar, una agricultura de subsistencia y una agricultura a mayor escala que deben convivir en una estrategia de largo plazo de desarrollo integral del país. Todas ellas requieren para alcanzar su potencial de bienes públicos dotados por el Estado, tales como la infraestructura vial de redes secundarias y terciarias, la gestión del recurso hídrico, la construcción de distritos de riego, el adecuado acopio y comercialización, apropiada asistencia técnica y oferta crediticia. Todo esto teniendo en cuenta la diversidad de los territorios y de los ecosistemas.

Esta visión de conjunto muestra claramente que el desarrollo futuro de la agricultura debe pasar por proyectos productivos eficientes para generar ingreso sostenible a los productores de los distintos tipos de agricultura, la adecuación de las políticas públicas a la viabilidad y restricción de recursos en cada territorio y, ante todo, a un mayor bienestar del consumidor colombiano.

Son bienvenidos los proyectos productivos sostenibles de pequeños productores que produzcan para el mercado interno o externo en condiciones de sostenibilidad y con la dotación de los bienes públicos requeridos. Pero no lo es la entrega a pequeños productores de tierras que requieren altos volúmenes de inversión para ser productivas y que solo pueden explotarse a gran escala para ser competitivos.

Ciertamente, se cometieron errores en el pasado reciente sobre las figuras jurídicas de asignación de baldíos, pero la destrucción de valor en el intento de corrección de esos errores ha sido muy costosa para el país, sacrificando proyectos muy exitosos. La Ley de las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural) parece ser un poco más de lo mismo.
La paz en el campo requiere la convivencia de formas de producción diferentes según el territorio, sin sesgos de incentivos inadecuados que restrinjan la competitividad de la agricultura en el futuro, porque el mercado interno no es suficiente para nuestro crecimiento, ni la agricultura campesina sola es el modelo de desarrollo económico que Colombia requiere para el futuro.

Según lo que se ha conocido sobre el Acuerdo en La Habana, en la parte agrícola se han incluido temas como el acceso a la tierra para los campesinos, la formalización de los títulos, la redefinición de las zonas de reserva, el enfoque territorial de los programas, la prestación de servicios sociales en el campo (salud, educación y vivienda), los incentivos de apoyo técnico, financiero y de infraestructura, entre otras.

Sin embargo, cómo se insertan todas estas estrategias y programas con un plan integral en el que sean posibles todas las modalidades de agricultura que requiere Colombia para su crecimiento futuro, cómo incentivar la innovación y la creación de nuevas empresas agrícolas y agroindustriales, son preguntas cuyas respuestas están esperando.

Luis Alberto Zuleta
Consultor empresarial

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