Luis Alberto Zuleta J.
análisis

Las políticas económicas como bien público

Mientras el país avanza en el intento de producir un buen resultado en el proceso de paz, es fundamental no olvidar las buenas políticas económicas.

Luis Alberto Zuleta J.
Opinión
POR:
Luis Alberto Zuleta J.
octubre 18 de 2016
2016-10-18 08:40 p.m.
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Mientras el país avanza en el intento de producir un buen resultado en el proceso de paz, es fundamental no olvidar que las buenas políticas económicas son un entorno necesario para la prosperidad social y para la puesta en marcha de las múltiples exigencias económicas del proceso mismo.

Después de la terminación del boom de los precios minero-energéticos en el 2014, es conocido que el Gobierno Nacional perdió ingresos por un valor equivalente al 30 por ciento, y se desató, a la vez, un proceso de devaluación excesiva de la tasa de cambio, se deterioró la cuenta corriente de la balanza de pagos, y por la simultaneidad de fenómenos climáticos, se elevó el precio de los alimentos, agravado por el paro camionero de este año.

Sin embargo, durante el último trimestre se ha venido observando una mejora gradual de varios de los indicadores que constituyen un termómetro sobre la salud del paciente. La inflación se ha venido reduciendo de niveles del 9 al 7 por ciento, y se espera una reducción adicional para el resto del año y el 2017. La tarea del Banco de la República ha sido efectiva con la elevación de la tasa de referencia, particularmente sobre el control del crecimiento del crédito, cuya calidad ha tenido un leve deterioro bastante controlado por el sistema financiero.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda ha reducido el gasto para el 2016 y el presupuesto del próximo año. Por otra parte, la tasa de cambio se ha venido estabilizando en niveles de 3.000 pesos, aunque persisten factores de volatilidad internos y externos.

Por supuesto, la tasa de crecimiento se ha desacelerado a niveles un poco por encima del 2 por ciento, que sigue siendo un nivel razonable para la coyuntura regional e internacional. Los empresarios se han venido ajustando a estas nuevas condiciones, y, particularmente, los consumidores han sustituido bienes importados por nacionales, lo cual ha contribuido también a mejorar la cuenta corriente.

Los elementos anteriores significan que los principales agentes económicos, salvando lo que respecta al paro camionero, han contribuido a iniciar una tendencia que conduce a un ajuste ordenado de la economía. Sin embargo, lo logrado hasta el momento no compensa completamente lo que se ha perdido con el cambio abrupto en el ciclo desde 2014, si se quiere continuar con los programas sociales vigentes, incluida la inversión adicional en educación.

Colombia tiene unas reglas del juego económicas en lo fiscal que han contribuido a mantener la credibilidad internacional y, en particular, el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. Estas reglas se resumen en la ley de responsabilidad fiscal y la regla fiscal que ajusta el componente cíclico del gasto del gobierno. Lo anterior, ha permitido tener un nivel de costo de capital razonable, en términos competitivos para el país, lo cual constituye una base esencial para el desarrollo productivo. Perder esta condición privilegiada exigiría un ajuste abrupto de la economía y una mayor dificultad para llevar a cabo los proyectos productivos que el país y, en especial, el campo colombiano requieren.

Lo anterior significa que para seguir impulsando buenas políticas públicas se requiere un esfuerzo fiscal importante que permita una compensación en una proporción razonable de los ingresos que se han perdido. El Gobierno, con el liderazgo técnico de Fedesarrollo, encargó a una Comisión de Expertos la elaboración de los principales lineamientos de una reforma tributaria, a saber, un esfuerzo mayor por parte de las personas naturales, una tributación razonable de las empresas que no entorpezca la inversión, la eliminación controversial de los incentivos fiscales existentes relacionados con los dividendos, el gravamen justo de las entidades sin ánimo de lucro y la ampliación de la tarifa y base gravable del IVA. La Comisión estima un impacto esperado de cada una de sus propuestas como porcentaje del PIB, y en millones de pesos.

Como es muy probable que la discusión política no acepte incorporar el IVA a bienes de la canasta básica, es bueno comentar que de un total de recaudo esperado por concepto del IVA de 13 billones de pesos (1,72 por ciento del PIB), excluir los bienes de la canasta básica representaría suprimir 3 billones de pesos, aproximadamente.

Se requiere bastante objetividad en la valoración de las propuestas económicas que el Gobierno, finalmente, presente al Congreso, teniendo en consideración la importancia de mantener ese bien público que representa para el país contar con una buena macroeconomía. A propósito, Colombia aparecía en una posición 32 sobre 140 países en el ranking del Foro Económico Mundial de 2015.

Luis Alberto Zuleta J.
Consultor empresarial

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