Luis Alberto Zuleta J.

La agenda agrícola rural

Luis Alberto Zuleta J.
Opinión
POR:
Luis Alberto Zuleta J.
noviembre 05 de 2015
2015-11-05 05:13 a.m.
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Los estudios de la Misión del Café mostraron que las políticas agrícolas concentradas en subsidios a los agricultores, sin exigencias comprobables y verificables sobre las ganancias en productividad en el uso de esos recursos, constituyen un salto al vacío. Desafortunadamente, este tipo de ayudas fue el instrumento principal utilizado para hacer frente a paros agrarios de productores de leche, papa y otros productos. Ahora, se anuncia un plan intenso de siembras con muy poco detalle sobre el papel del sector público y el privado, y si se replicarán estas políticas.

Por fortuna, la Misión Rural ha venido poniendo sobre la cabeza la orientación que debería tener el Estado en la política pública relacionada con este sector. Basta mencionar solo dos estrategias fundamentales, planteadas por la Misión: es necesario complementar una buena política económica con políticas sociales territoriales que busquen la reducción de la pobreza en el campo. En cuanto a la orientación de la política económica, el énfasis debería darse en la provisión de bienes públicos, es decir, que el Estado haga lo que el mercado espontáneamente no hace para desarrollar el campo: provisión de buenas vías secundarias para la salida de los productos, distritos de riego con adecuado diseño, provisión de paquetes tecnológicos apropiados por producto-región, como lo viene haciendo Corpoica, provisión de crédito para el agricultor pequeño y mediano, información sobre los mercados, diseño de instrumentos para la comercialización, etc. También es necesario implementar una adecuada política de tierras.

El diagnóstico que realizó la Ocde sobre el sector agrícola en Colombia, además de hacer un gran énfasis en los instrumentos de innovación y tecnología, también considera necesarios los apoyos relacionados con los bienes públicos.

A esta discusión se suma la poca información que se tiene sobre los acuerdos en La Habana, relacionados con el agro. Es fundamental tener claridad sobre el impulso de políticas públicas para la pequeña agricultura, que puede ser eficiente en algunos cultivos con amplia demanda como frutales y hortalizas, igualmente, necesita énfasis en bienes públicos, pero se requiere una gobernanza territorial que no garantice territorios aislados de ‘reservas campesinas’ para el control político, como venía ocurriendo con las Farc en algunas zonas.

También es esencial la compatibilidad del desarrollo de estos pequeños productores con la existencia suficiente de incentivos a empresarios grandes, que inviertan en tecnología moderna en cultivos comerciales de exportación o sustitución de importaciones, como en el caso del maíz, que requieren seguridad jurídica para transformar el campo como se venía haciendo en algunos proyectos de la Altillanura. El diseño de instrumentos que garanticen tierra para pequeños y grandes productores es condición necesaria para el desarrollo agropecuario.

En síntesis, no tendremos buenos resultados de mediano y largo plazo en uno de los sectores con alta demanda interna e internacional, si no se garantiza simultáneamente la provisión de bienes públicos necesarios y la seguridad jurídica para las inversiones grandes de transformación que se requieren. Hasta ahora, no hay claridad sobre cuál de las agendas concurrentes sobre este sector es la que predominará, y para ello se requiere decisiones audaces y prontas de los administradores públicos y los responsables de diseñar las normas.

Luis Alberto Zuleta J.

Consultor privado

zuldezub@cable.net.co

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