Luis Alberto Zuleta J.

El debate sobre Carimagua

Se puede entregar a los desplazados la propiedad, pero con el apoyo y orientación que requiere un cu

Luis Alberto Zuleta J.
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Luis Alberto Zuleta J.
julio 31 de 2008
2008-07-31 09:17 p.m.
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Recientemente se ha presentado un acalorado debate sobre el futuro de los terrenos de Carimagua, cuya utilización podría significar una oportunidad para un buen desarrollo agrícola en el Orinoco, basado en proyectos demostrativos impulsados por productores asociados. Los terrenos de Carimagua corresponden a un antiguo centro de investigación tecnológica del ICA, sobre los cuales el Ministerio de Agricultura ha propuesto desarrollar una explotación agrícola productiva.

El debate se ha centrado sobre si estas tierras deben ser entregadas a empresas con experiencia que desarrollen cultivos productivos y que por esa vía generen empleo en la Orinoquia, o si las tierras deben entregarse a un grupo de campesinos desplazados.

Con el fin de fundamentar una decisión al respecto, el Ministerio de Agricultura designó una comisión de expertos que tiene como propósito presentar una propuesta sobre el destino final de las tierras en cuestión. La experiencia internacional de países como Malasia, Costa Rica, México y Argentina, entre otros, indica que es posible desarrollar explotaciones agrícolas eficientes con propiedad de pequeños productores, siempre y cuando existan unas condiciones especiales que rompan los cuellos de botella que tienen los pequeños productores frente a los mercados.

A modo de ejemplo, puede decirse que el caso de 'Coto Sur' en Costa Rica es un tema de éxito, tal como lo examina Carlos Gustavo Cano en su libro La Nueva Agricultura. Esta experiencia fue exitosa por contar con una empresa promotora que aportara el paquete tecnológico requerido, el acceso al mercado y facilitara también el acceso al crédito.

Muchos de los cultivos en Argentina, particularmente de los productos con rotación de tierras, se realizan a través de empresas estructuradoras y financiadoras de proyectos agrícolas, que desarrollan cada proyecto en tierras que pueden pertenecer a terceros. Esto permite, incluso, la financiación de los proyectos mediante la venta anticipada de los contratos de venta de las cosechas en operaciones de bolsa, tal como está ocurriendo ya en el país.

También es importante recordar que en Colombia se han desarrollado cultivos asociativos de palma de aceite por parte de pequeños productores, manteniendo, al mismo tiempo, las características de escala que requiere un cultivo de palma. Esto se ha logrado mediante el apoyo de empresas especializadas en la administración de este tipo de cultivos.

En este contexto, el caso de Carimagua podría constituir una gran oportunidad para el país, que permita iniciar un proceso de desarrollo productivo en esa zona, entregando a los desplazados la propiedad, pero con el apoyo y orientación que requiere un cultivo agrícola exitoso. Así las cosas, el Estado colombiano podría incentivar la conformación de empresas promotoras de proyectos agrícolas que estructuren los cultivos, incorporando con eficiencia los requerimientos de preparación de tierra, equipos, insumos, fertilizantes, recolección y acopio. Pero la administración de la explotación debe incorporar también la celebración de los contratos de venta del producto y la asesoría en la obtención del crédito que fuese necesario. Ello puede inducirse mediante un proceso concursal, en el cual los participantes estructuren los proyectos a través de empresas gestoras.

En una experiencia de esta naturaleza se puede incentivar, al mismo tiempo, el retorno al campo de quienes han perdido la propiedad y el desarrollo de proyectos productivos en condiciones de éxito dentro de las características que exigen los mercados hoy.

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