Luis Arango Nieto
columnista

Responsabilidad compartida

Todos los desmovilizados son también víctimas que tienen sinceros deseos de resocialización.

Luis Arango Nieto
Opinión
POR:
Luis Arango Nieto
octubre 27 de 2016
2016-10-27 11:17 p.m.
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Todos estamos confiados en que los impasses surgidos por el triunfo del ‘No’ tendrán un final aceptable, aunque no perfecto para las partes. Si a esto se le suma lo anunciado por el Eln, se vislumbra una esperanzadora paz.

Pero hay que construirla entre todos. Son algo más de 5.700 guerrilleros de las Farc y alrededor de 2.000 del Eln que la sociedad, en general, y especialmente todos los sectores de la economía, tienen que prepararse para darles la bienvenida y aportar en su integración a la sociedad. Se piensa que el gobierno no está preparado para semejante tarea, pero qué equivocados estamos.

Existe la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que ya tiene una experiencia comprobada. Entre el 2003 y el 2006, como parte del Ministerio del Interior, atendieron la desmovilización de 36.000 personas, principalmente paramilitares; al 2016 han atendido un total de 49.000, de los cuales 18.000 provienen voluntariamente de las Farc.
El 46 por ciento de esas personas fueron reclutados a la edad promedio de 13 años, con permanencia promedio de 10 años.

El 75 por ciento eran analfabetas y el 90 por ciento han tenido alguna afectación psicológica.

Ante semejante situación, la ACR trabaja por etapas, el proceso puede durar cerca de 6,5 años y los beneficios económicos están condicionados a cumplimientos.

La primera es atención psicosocial, que dura cerca 30 meses; la segunda es deferencia familiar, el 90 por ciento se desmoviliza por la familia; la tercera es salud, el 74 por ciento están ocupados, y de ellos el 40 por ciento está en el régimen contributivo; la cuarta es educación, 15.000 ya son bachilleres, 2.700 estudian educación superior y 500 son profesionales universitarios; la quinta es la habitabilidad, que incluye el relacionamiento humano; la sexta es ciudadanía, que se relaciona con derechos y deberes; la séptima es seguridad física y jurídica, y la octava tiene que ver con la generación de ingresos o formación para el trabajo.

La Universidad de Columbia e Ideas para la Paz demostraron el éxito del programa al comprobar que de cada 10 desmovilizados que entran, 8 permanecen en la legalidad. Hay que resaltar que la iniciativa tiene un costo de 5,8 millones por año, por persona; mientras que en un preso equivale a 18 millones por año, con un bajo éxito de resocialización. Se dice que los desmovilizados se volverán delincuentes: en los últimos cuatro años, la Policía ha neutralizado a 7.000 personas de las bacrim, apenas el 10 por ciento son desmovilizados.

Todo lo anterior surge de una invitación hecha para conocer el modelo de reintegración temprana en entornos de formación productiva, que se está desarrollando en La Unión-Toro (Valle), con bastante éxito, pero que depende de los empresarios para recibir estos reinsertados en sus empresas.

Se tuvo oportunidad de conversar con varios de ellos, incluidas varias mujeres, y cada historia es un drama humano que los obligó, a unos a unirse a la Farc, y otros fueron obligados desde muy niños. Hay que concluir que todos son también víctimas que tienen sinceros deseos de resocialización, manifestados en conversaciones privadas, y merecen oportunidades.

Aquí es donde el sector productivo tiene que demostrar la verdadera reconciliación y abrirles las puertas. Uno de ellos decía: “detrás de todo esto estamos seres humanos con ganas resocializarnos”. Así, la parte inicial, ojalá con apoyo privado, la hace la ACR y el sector privado la concluye incorporándolos a sus actividades.

Luis Arango Nieto
Exviceministro de Agricultura
larangon@gmail.com

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